Santa Cruz de Tenerife.- El presidente de CSIF Canarias, César Martínez Araque reclama a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que garanticen la seguridad jurídica en el proyecto de Ley sobre temporalidad para evitar que los tribunales tumben los procesos selectivos y ocasionen más perjuicios al personal temporal.
En este sentido, Martínez Araque, manifiesta que «no podemos hacer una valoración precisa hasta conocer el resultado de las enmiendas pactadas entre los diferentes grupos parlamentarios y el texto final de la norma».
El presidente autonómico señala que «desde el respeto a la decisión que adopte el Parlamento, como no puede ser de otra manera, CSIF considera necesario aclarar los criterios para determinar que las plazas que hayan estado cubiertas durante más de cinco años (con anterioridad al 1 de enero de 2016) se cubran por el sistema de concurso. Hay que recordar que el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia y estableció que aquellos contratos temporales que excedan de los tres años se consideran abusivos».
De igual manera, Martínez Araque insiste en que «Los grupos parlamentarios también deben aclarar si esta enmienda afecta a todas las plazas, o solo a aquellas que no han salido a oferta de empleo público. Las organizaciones sindicales afrontamos el problema de la temporalidad con un acuerdo firmado con el Ministerio de Función Pública el pasado 5 de julio; se trata de un acuerdo que pone las bases para afrontar este problema, donde por primera vez restringe y sanciona a las Administraciones que abusan de la temporalidad, valorando la experiencia adquirida y que contempla por primera vez indemnizaciones».
Desde CSIF se solicita a los grupos que tramiten la norma con seguridad jurídica, con celeridad y con equidad en el conjunto del Estado, teniendo en cuenta que esta cuestión también deberá ser regulada por parte de las comunidades autónomas.
El texto que finalmente salga del Congreso, según Martínez Araque «debe ir en consonancia con nuestro marco legislativo, la directiva europea y la reiterada jurisprudencia sobre el acceso al empleo público. Debemos dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación en materia de recursos humanos de las distintas administraciones públicas. Por lo tanto, reclamamos a los grupos responsabilidad y sentido de Estado para que el futuro proyecto de Ley salga adelante con el máximo consenso posible, evitando que los tribunales la declaren inconstitucional y con ello, lejos de lograr el objetivo de acabar con la temporalidad, se genere mayor incertidumbre a los opositores».
