Santa Cruz de Tenerife.– Enrique Arriaga y Concepción María Rivero en el Cabildo de Tenerife y Matilde Zambudio y Ramón Lazcano, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pasarán en breve a tener la condición de concejales no adscritos después de que su formación política, Ciudadanos, comunicara a ambas administraciones que los cuatro dejan de pertenecer a dicha formación política. Por tanto, los cuatro no representan a C’s.
La medida fue adoptada después de que Ciudadanos rechazara los recursos que tales representantes públicos elegidos el pasado 26 de mayo presentaron a la decisión de expulsión que la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos (C’s) tomó el pasado 1 de agosto por entender que todos ellos desobedecieron las instrucciones dadas por ese partido cuando respaldaron, con sus votos, las elecciones de los socialistas Pedro Martín y Patricia Hernández como presidente del Cabildo y alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.
Con ello, C’s ratifica que sus cuatro ya ex representantes públicos incumplieron las directrices del partido y «los principios e ideario del partido son un marco inquebrantable», como resultado del expediente disciplinario que les abrió desde el pasado 10 de julio.
El dilema surge ahora. Hay quienes plantean que los cuatro dejarán de tener sueldos y cargos, aplicando la Ley de los municipios de Canarias, si bien hay quienes defienden que esta expulsión no afectará a sus derechos como cargos públicos en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en diciembre de 2017, en virtud de la que quedó anulada la conocida como Ley Antitransfuguismo.
Zambudio y Lazcano presentan demanda contra el expediente de expulsión definitiva de C’s
Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano presentan demanda de juicio por vulneración de derechos fundamentales ante el expediente de expulsión Los concejales piden como medida cautelar la suspensión de la expulsión, creen que se han vulnerado sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de asociación, tutela judicial y haber sido sancionados por una infracción inexistente. La demanda fue interpuesta el pasado 2 de septiembre ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife.
En ella se insta a que se declare nula la expulsión de Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano realizada por la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos (C’s) y a la readmisión de ambos en el partido. También se solicita que Ciudadanos sea condenado a pagar las costas del proceso. En la demanda presentada se considera que con el procedimiento seguido por la Comisión de C’s se han quebrantado diversas disposiciones de los estatutos y los reglamentos sobre la tramitación del expediente de expulsión que suponen la violación de los derechos reconocidos en los artículos 22 y 6 de la Constitución, en la medida que afecta a la participación política de un integrante y al funcionamiento de su organización.
Ambos concejales, mantienen que actuaron con coherencia y respetando, en todo momento, las directrices comunicadas por parte del partido. Para demostrarlo, en la demanda presentada, Zambudio y Lazcano han aportado varias pruebas de conversaciones mantenidas con la Secretaria de Acción Institucional, Teresa Berástegui, en los días previos a la Constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mientras se estaba negociando un pacto.
En la denuncia queda evidenciado que ambos concejales fueron requeridos, en varias ocasiones, por Teresa Berástegui para cerrar un pacto con el PSOE siempre y cuando Podemos estuviera fuera del Gobierno municipal . Estas pruebas demuestran, a juicio de los denunciantes, que no ha existido incumplimiento y que ambos concejales han tenido que soportar la falta se estrategia y criterio durante las negociaciones, descoordinación, faltas de respeto hacia ambos cargos electos y la falta de profesionalidad que ha dañado gravemente la imagen de Ciudadanos en Canarias y la imagen de los cargos electos.
Para Matilde Zambuidio la decisión tomada por la Comisión “es un atropello a nuestros derechos políticos unipersonales reconocidos en la Constitución” y afirma que “nunca recibió orden concreta, expresa e inequívoca que les prohibiera votar a favor del PSOE”.
