Santa Cruz de Tenerife.- Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), denuncia el trato “cruel a indigno” que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado a un vecino del barrio de Taborno, en Anaga, cuya casa resultó gravemente dañada por un derrumbe ocasionado por las lluvias torrenciales del 18 de enero pasado.
Ante la necesidad de desalojar la vivienda, explica la edil, “el Ayuntamiento le ofreció como única alternativa habitacional una habitación compartida en una pensión, que se destina a personas con una problemática personal y asistencial completamente ajena a la de este vecino, obligándole a convivir con otras personas que padecen unas afecciones con las que resulta imposible la convivencia”.
“Esta situación ha ocasionado un daño evidente en la salud psíquica de este vecino que ha sufrido un trauma emocional importante y frente a la que se ha desentendido el Ayuntamiento”, denuncia Espinosa.
Por si esto fuera poco, la Gerencia de Urbanismo ordenó de emergencia la demolición de la vivienda de este vecino, que carece de recursos económico, pese a lo cual el Ayuntamiento le reclama el pago del dinero que costarán las obras. Por ello, la edil de
UP ha presentado una moción en la que pide al Pleno municipal que se ofrezca de manera inmediata una alternativa habitacional digna a este ciudadano que residía en la zona de El Montecillo (Taborno), que se inicien los trámites para recuperar el uso residencial en la parcela donde se ubica la vivienda dañada por las lluvias y se interese la participación convenida del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife- órgano rector del Parque Rural de Anaga- para la cofinanciación de las medidas que sean precisas.
UP espera que esta iniciativa plenaria prospere, al tiempo que expresa su “más profundo rechazo a las decisiones adoptadas por el gobierno de Bermúdez con este ciudadano y se pregunta si este es el trato que se pretende dar a los residente en Anaga”.
En este sentido, UP recuerda que en otros casos de viviendas afectadas por lluvias en el pasado en Anaga, el Ayuntamiento sí ha abonado el alquiler de viviendas a las familias damnificadas, pero no así con este habitante de Taborno.
A juicio de Espinosa, “existen otras soluciones frente a la orden de demolición por emergencia de una vivienda y la exigencia del pago de los gastos de esa demolición y retirada de los escombros a gente sin recursos”. “¿Qué será lo siguiente para el Ayuntamiento: el embargo de las propiedades si no pagan los gastos de la demolición?”, se pregunta la representante de UP, para quien “la Administración que representa a las chicharreras y los chicharreros no puede recurrir a tanta crueldad”.
