La gestión municipal de Las Palmas de Gran Canaria ha sido duramente criticada por la falta de acción en la intervención de GEURSA y la tardía adjudicación de las tarjetas de alimentos para familias vulnerables, lo que evidencia problemas de transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos
Las Palmas de Gran Canaria.- Por un lado, el portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento, David Suárez, ha solicitado la constitución de un comité técnico municipal que intervenga la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA) ante lo que considera un «descontrol» en la gestión de esta entidad pública. Esta petición surge en el contexto del ‘caso Valka’, una supuesta trama de corrupción urbanística bajo investigación judicial que involucra a un empresario y varios altos funcionarios. Suárez destaca la necesidad de medidas extraordinarias para auditar la empresa y garantizar su transparencia, además de evaluar posibles despidos relacionados con prácticas intimidatorias vinculadas al caso.
En paralelo, Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, ha criticado a la alcaldesa Carolina Darias por iniciar el proceso de adjudicación de las tarjetas de alimentos de 2024 apenas tres meses antes de finalizar el año. Las tarjetas de alimentos son un recurso esencial para las familias vulnerables del municipio, permitiéndoles acceder a alimentos básicos y productos de higiene de manera discreta. Delgado señala que, en años anteriores, los fondos destinados a este programa no se han ejecutado a tiempo, lo que, a su juicio, refleja una falta de sensibilidad y urgencia por parte de la administración municipal para atender a quienes más lo necesitan).
Delgado también ha puesto en evidencia las carencias en otros servicios sociales municipales, como el cierre de un centro de acogida para personas sin hogar debido a condiciones deplorables y la falta de habilitación de nuevas infraestructuras para personas vulnerables. La portavoz del PP subraya que estos problemas se agravan en un contexto de creciente crisis social y migratoria, aumentando la presión sobre los ya limitados recursos sociales de la ciudad.
Ambas críticas destacan la preocupación por la gestión de recursos públicos y la necesidad de una mayor eficiencia y transparencia en la administración local, especialmente en áreas sensibles que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables de Las Palmas de Gran Canaria.
