Madrid.- El Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer sábado ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Este RDL incluye, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la prórroga de algunas de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia generada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
De esta manera, se prorrogan hasta el 31 de diciembre los ERTEs y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la emergencia. Se extienden también por tres meses los aplazamientos y las moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social y se prorroga el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados, que dispondrán hasta 6 meses después de la declaración de fin de la emergencia.
Objetivo: continuar protegiendo a población y tejido productivo mientras se impulsa la reconstrucción de la isla
La erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma el pasado 19 de septiembre obligó a evacuar amplias zonas de esta isla ante el avance de la lava, afectando de forma directa a la actividad económica y generando una situación similar a la ocasionada por la COVID-19 en lo que respecta a las consecuencias para empresas y personas trabajadoras.
Esto hizo necesario establecer la posibilidad de que las empresas y personas trabajadoras afectadas se beneficiasen de medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo, siguiendo el esquema previsto para los expedientes relacionados con la COVID-19. Las medidas extraordinarias se incluyeron en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, cuya vigencia fue extendida por el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero.
El vencimiento de estas medidas estaba previsto para el próximo 30 de junio. Sin embargo, y dado que los efectos laborales y sociales provocados por la erupción persisten y siguen exigiendo ayudas e intervención pública para la reactivación de la actividad económica, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha propuesto prorrogarlas con el objetivo de seguir protegiendo a la población y al tejido productivo mientras se continúa avanzando a su vez en la recuperación económica y social, así como en la reconstrucción de la isla, en colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados.
El compromiso del Gobierno de España es claro: La Palma tiene futuro y los trabajos allí no terminarán hasta que todos y cada uno de sus habitantes hayan recuperado sus proyectos de vida.
