Santa Cruz de Tenerife.- El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.
El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).
El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.
La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.
La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).
De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.
547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020
Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.
Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.
Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.
La financiación prevista en el trienio 2021-23
Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.
Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.
Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.
Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación
Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.
Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener
ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.
El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.
Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.
Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.
En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.
Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.
En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.
Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.
Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno
En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.
Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.
El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.
El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.
Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.
También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.
Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.
En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.
El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).
Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto
En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.
ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 Y 2021-23
I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA |
Presupuesto |
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1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales |
424.746.983,58 € |
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2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias |
15.689.776,00 € |
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3. Atención y apoyo a las personas vulnerables |
45.069.883,39 € |
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4. El mantenimiento y recuperación del empleo |
190.848.804,00 € |
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5. Impulso de la actividad económica |
547.389.223,30 € |
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6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa |
200.834.161,85 € |
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7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) |
500.000,00 € |
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TOTAL |
1.425.018.831,20 € |
II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA |
Presupuesto |
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1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales |
429.700.000,00 € |
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2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias |
93.000.000,00 € |
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3. Atención y apoyo a las personas vulnerables |
75.500.000,00 € |
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4. El mantenimiento y recuperación del empleo |
741.030.000,00 € |
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5. Impulso de la actividad económica |
2.028.135.496,78 € |
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6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa |
310.000,00 € |
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7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) |
0,00 € |
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TOTAL |
3.400.675.496,78 € |
Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.
El Gobierno de Canarias destina un millón de euros al desarrollo de proyectos de mejora turística en las ‘islas verdes’
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una subvención de un millón de euros para el denominado Programa de Desarrollo Turístico Islas Verdes. El Consejo, a petición de la Consejería de Turismo, aprobó este jueves la consignación de esa partida en el capítulo de transferencias, para que pueda ser gestionada como subvención directa y a partes iguales por los cabildos insulares de La Gomera, La Palma y el Hierro, administraciones que se encargarán del desarrollo y la ejecución de sus respectivos proyectos.
A propuesta de la Consejería de Turismo, el Gobierno de Canarias ha considerado que el mantenimiento y la sostenibilidad de la competitividad turística en el mercado internacional precisa de un constante proceso de renovación y modernización de los servicios e infraestructuras turísticas, primando la creación de espacios eficientes, accesibles y estéticos en consonancia con el entorno medioambiental. A través de ese programa se busca fomentar una serie de obras de adecuación de puntos y enclaves de naturaleza relevantes desde el punto de vista turístico, como complemento a la oferta de turismo activo y naturaleza, como son el acondicionamiento y señalización de determinados senderos y caminos rurales para la práctica del senderismo y de deportes de naturaleza, las obras de mejora en determinadas instalaciones turísticas o la adecuación del equipamiento de la red de miradores considerados como equipamientos de uso público.
En esa línea, el Gobierno ha entendido que esas islas y sus órganos de gobierno son conocedores de las necesidades de mejoras e implantación de nuevas infraestructuras turísticas, con el consiguiente incremento de esa actividad y sirviendo para lograr un mejor conocimiento del destino, por lo que resulta más idóneo que la gestión se lleve a cabo directamente por los tres cabildos insulares, a los que se les concederá subvenciones directas por importe de 333.333 euros, a La Gomera, La Palma y El Hierro.
Sanidad destina 6,6 millones de euros a la prórroga del contrato para el servicio de limpieza
El Consejo de Gobierno autorizó hoy, en su sesión del jueves 17 de septiembre, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 6.654.220,29 euros para prorrogar el contrato del servicio de limpieza en los centros sanitarios y dependencias administrativas que el Servicio Canario de la Salud tiene suscrito con Clece, SA. Afecta a cuatro de sus lotes.
Se trata de los lotes 6, 7, 8 y 13, correspondientes por este orden al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, que se prorrogará del 1 de enero al 30 de abril de 2021, por un importe de 2.178.022,45 euros; al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que se prorrogará del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, por 3.362.116,64 euros; al Hospital General de La Palma, centros de Atención Primaria de esa isla y la Dirección de Área de Salud, que se prorrogará del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, por 931.400,29 euros, y a las dependencias administrativas, sedes de las direcciones de áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife e Inspección de Tenerife, lote que se prorrogará del 1 de enero al 30 de abril de 2021, por importe de 181.681,23 euros.
El expediente de contratación centralizada de los centros sanitarios y dependencias administrativas del SCS se inició en 2014 por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada. Fue adjudicado en marzo de 2015 en 13 lotes con un plazo de ejecución comprendido entre los ejercicios 2015 y 2019, dependiendo de cada gerencia y de la fecha de entrada en vigor del contrato en todas ellas. Llegado el plazo del vencimiento, los contratos fueron prorrogados hasta el 31 de mayo de 2020 y, posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esas prórrogas, así como las correspondientes a los cuatro lotes del acuerdo de hoy, tienen por finalidad que las respectivas gerencias dispongan de tiempo suficiente para tramitar los procesos de licitación y adjudicación de los nuevos contratos del servicio de limpieza de forma descentralizada, retrasados por la necesidad de revisar los pliegos técnicos para adaptarlos a la nueva realidad por la pandemia de la COVID-19, mientras se garantiza la realización de un servicio imprescindible para el desarrollo de la actividad sanitaria y administrativa.
Sanidad destina otros 33,6 millones de euros a la adquisición de medicamentos
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 17 de septiembre, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 33.697.148,28 euros para la contratación de un suministro de medicamentos de uso humano Tipo I, con destino a los hospitales y gerencias de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS). La contratación se realizará mediante acuerdo marco, procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria.
El suministro a contratar se distribuye en 224 lotes de medicamentos de uso humano Tipo I (medicamentos genéricos) de nueve grupos terapéuticos (D, G, H, J, L, M, N, R y V), que incluyen fármacos dermatológicos, para el sistema genitourinario y hormonas sexuales, antibióticos, antifúngicos, antivirales, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, medicamentos para los sistemas musculoesquelético, nervioso y respiratorio y medios de contrate, entre otros.
El presupuesto de licitación tiene la siguiente distribución, durante los años de vigencia del acuerdo marco, prorrogable por otros dos por mutuo acuerdo de las partes:
- Complejo Hosp. Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín: 5.762.608,58 euros.
- Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil: 5.876.079,01 euros.
- Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria: 7.501.318,78 euros.
- Hospital Universitario de Canarias: 8.584.630,36 euros.
- Hospital Dr. José Molina Orosa-Lanzarote: 1.523.194,40 euros.
- Hospital General de Fuerteventura: 1.061.142,33 euros.
- Hospital General de La Palma: 1.760.203,54 euros.
- Hospital General de La Gomera. 193.848,24 euros.
- Hospital General de El Hierro: 68.303,56 euros.
- Gerencia Atención Primaria Gran Canaria: 675.288,44 euros.
- Gerencia Atención Primaria Tenerife: 690.531,04 euros
La Consejería de Sanidad fue autorizada, según acuerdo del Gobierno del Canarias de 19 de marzo de este año, a realizar un gasto 5.291.034,86 euros para la compra por acuerdo marco de medicamentos de uso humano Tipo I, de los grupos terapéuticos A, B y C de la clasificación ATC, y luego, mediante acuerdo de 14 de mayo, a prorrogar por un periodo de nueve meses el contrato vigente de suministro de medicamentos de uso humano II, exclusivos, por importe de 135.307.878,48 euros.
El Servicio Canario de la Salud registró en agosto un gasto en medicamentos de 48,3 millones de euros
El Consejo de Gobierno recibió hoy la información de la Consejería de Sanidad sobre el gasto en recetas de farmacia del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de agosto pasado, que ascendió a 48.320.193,34 euros y que incluye, además de la factura en medicamentos, el gasto en productos dietoterápicos y el importe resultante de la eliminación del copago a los usuarios sanitarios residentes en Canarias con rentas inferiores a 18.000 euros, que representaron 2.898.695,46 euros en esa mensualidad.
Por áreas de Salud, el gasto en medicamentos se distribuyó entre las siete de la forma siguiente: Gran Canaria, 20.863.808,86 euros; Tenerife, 20.700.567,90; Lanzarote, 2.290.891,372; La Palma, 2.149.728,40; Fuerteventura, 1.485.585,98; La Gomera, 568.382,63, y El Hierro, con 261.228,20.
El gasto farmacéutico que se comunica al Ministerio de Sanidad no incluye la facturación de los productos dietoterápicos y el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros, tal y como solicita la Administración General del Estado para uniformar los criterios de información de todas las comunidades autónomas.
Según esos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS en el mes de agosto que se comunica al Ministerio será de 45.421.497,88 euros.
El Gobierno de Canarias pone en marcha la creación de una sede electrónica única
El Consejo de Gobierno acordó hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, tomar en consideración el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 19/2011, regulador de la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre ese texto. Se busca así la creación de una sede electrónica única del Gobierno de Canarias en adaptación de las Islas a la regulación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el objetivo último de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía en el entorno digita
La nueva sede electrónica se denominará Sede Electrónica Única del Gobierno de Canarias y se alojará, previsiblemente, en el enlace https://sede.gobiernodecanarias.org, de manera que se alinea con el dominio principal del Gobierno de Canarias. Está previsto que entre en funcionamiento en el último trimestre de este 2020.
La redacción actual del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprobó en el marco jurídico del desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Por ello, la estructura actual del mencionado decreto y de las sedes electrónicas del Gobierno de Canarias responden a esa normativa, que se ha visto superada por la Ley 39/2015. Así, hasta ahora existe una sede electrónica por Consejería, además de otras de los organismos autónomos. Con la modificación planteada se pretende unificar todas ellas en una única.
Con esto, se conseguirá reducir los elevados costes de mantenimiento, ya que es necesario prestar soporte a sedes electrónicas con diferentes tipos de tecnología, así como reducir la complejidad de los cambios técnicos, organizativos y normativos al poder cambiar en un único punto con efecto para todos los trámites de todo el Gobierno. Pero más importante aún es la existencia de un único punto a través del cual la ciudadanía pueda interactuar con la Administración autonómica, lo que permitirá mejorar la relación electrónica del Gobierno con la ciudadanía.
Además, la sede electrónica única será plenamente interoperable en lo que se refiere a registro, tal y como requiere la Ley 39/2015, permitiendo dirigir registros a cualquier administración. El esfuerzo en la creación de esta sede se enmarca en la política de profundización en la administración electrónica del Gobierno de Canarias, que también incluirá la interconexión con el punto único de notificaciones, permitiendo la notificación en cualquier sede electrónica interoperable, el registro electrónico de apoderamientos, así como el desarrollo de la carpeta ciudadana y otras mejoras que permitirán potenciar la relación electrónica de la ciudadanía con el Gobierno de Canarias, mucho más sostenible, eficaz y eficiente.
El Consejo de Gobierno aprueba la anulación, en ejecución de sentencia, de la ampliación del ámbito de protección del BIC Barrio de los Hoteles-Pino de Oro
El Gobierno de Canarias, en ejecución de sentencia, ha anulado el decreto que modificaba la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico del Barrio de los Hoteles-Pino de Oro, en Santa Cruz de Tenerife, al haberse producido la caducidad del procedimiento por el transcurso del plazo máximo de 12 meses previsto en la anterior Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, dada la inexigibilidad de la denuncia de la mora.
Por este motivo y en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se declaró la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 21.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, en la parte correspondiente a la exigencia de denuncia de mora para que se produzcan los efectos de la caducidad de los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural. Por decreto de 31 de julio de 2020, dictado por Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se declara la firmeza de la sentencia de 6 de febrero de 2020. Por esta circunstancia, el Gobierno de Canarias, en cumplimiento de lo dictado, declara la nulidad del decreto de 2014, por el que ampliaba la delimitación del Barrio de los Hoteles Pino de Oro.
El Barrio de los Hoteles-Pino de Oro, declarado Bien de Interés Cultural en 2007, por reunir ejemplos de la arquitectura contemporánea en las que se combinan tipologías eclécticas y racionalistas de la década de los 30 del pasado siglo y edificaciones más recientes de estilo regionalista, amplía su ámbito de protección en el año 2014 al entender que existían espacios urbanos relativamente bien conservados que formaron parte de esta gran área de expansión urbanística entre finales del XIX y principios del XX.
Es importante señalar que el Cabildo de Tenerife, institución competente, se encuentra preparando la propuesta de incoación de modificación del BIC con la intención de impulsar una nueva ampliación del perímetro que lo delimita, ya que la anulación se debe a razones meramente formales y no de fondo. Una vez incoado el expediente y previa emisión de los informes técnicos preceptivos, corresponderá al Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, como máximo órgano asesor y consultivo de las administraciones públicas de Canarias en la materia, emitir dictamen vinculante al respecto.
En el Barrio de los Hoteles son significativos los múltiples testimonios del racionalismo o movimiento moderno -surgido en los años 20- y que en Santa Cruz contó con un arraigo importante, destacando la libertad expresiva con la que los artífices interpretaron el lenguaje.
El Conjunto Histórico del Barrio de Los Hoteles-Pino de Oro comprende la zona de la ciudad del ensanche que mejor ejemplifica la cultura arquitectónica propia de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, caracterizada por una arquitectura de autor, una permanente relación con los movimientos internacionales y una subordinación disciplinada a un modelo de ciudad concebido desde la segunda mitad de siglo.
El Gobierno acuerda la supresión del grado de Ingeniería Radioeléctrica Naval de la ULL
El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy, jueves 17 de septiembre, la supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de grado en Ingeniería Radioeléctrica Naval (GIRN) de la Universidad de La Laguna (ULL)
La razón de la eliminación de esa titulación, que ha desaparecido en la oferta de la mayoría de las universidades españolas con estudios náuticos y solo se mantiene en esta universidad canaria y en la de Cádiz, radica en que actualmente se cuestiona la vigencia de la profesión regulada para la que se prepara: oficial Radioelectrónico de Segunda de la Marina Mercante. Además, su supresión permite liberar recursos para la modificación de otros grados, más atractivos desde el punto de vista laboral. En todo caso, la ULL garantizará que los estudiantes con los estudios iniciados puedan finalizar su formación.
Hasta la fecha, la ULL ofrecía tres titulaciones en el ámbito de las ciencias náuticas: grado en Tecnología Marina, grado en Náutica y Transporte Marítimo y la que será suprimida, el grado en Ingeniería Radioelectrónica Naval (GIRN). Sin embargo, este centro educativo no contaba en su catálogo con ningún máster que sirviera de continuación de los grados para el acceso a titulaciones profesionales de nivel superior, como es el caso de capitán de la Marina Mercante. Así, la ULL eliminará la oferta de plazas de nuevo ingreso en el GIRN para el próximo curso 2020-21 como paso previo para iniciar el proceso de extinción del título, garantizando que los estudiantes con la formación iniciada puedan finalizar el grado.
En paralelo a esta medida, se modificará el grado en Tecnologías Marinas, que contempla una mención en Electrotecnia Marina, con acceso a la profesión de Oficial Electrotécnico de la Marina Mercante, cuya tramitación se prevé realizar a lo largo de este curso que arranca próximamente. De esta manera, se da una opción al escaso alumnado interesado en el GIRN.
Además, se liberarán recursos humanos que permitirán la implantación de los másteres en Gestión Náutica y Transporte Marítimo y en Tecnologías Marinas, a los que se accede desde los grados en Náutica y Transporte Marítimo y en Tecnología Marina y que son necesarios para la obtención de los títulos profesionales de capitán de la Marina Mercante y jefe de Máquinas de la Marina Mercante, respectivamente.
Cambios de denominación
El Consejo de Gobierno también ha autorizado la propuesta de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) de cambio de denominación del título oficial de Máster Universitario en Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lenguas Extranjeras (AICLE) -que imparten la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna-. Ahora pasará a llamarse Máster Universitario en Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera (Inglés).
En 2019, durante el proceso de verificación de la titulación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) emitió un informe que indicaba que, dado que esta propuesta de título se aplica específicamente a la enseñanza integrada de lengua inglesa, sería necesario introducir la etiqueta «lengua inglesa» en la denominación para no inducir a error a los futuros estudiantes.
Además, el Consejo de Gobierno autorizó hoy la modificación de la denominación de la Escuela de Estudios de Posgrado e Investigación (EEPI) de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias por la de Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado e Investigación (EDEPI), que impartirá tanto másteres como doctorados.
El Consejo de Gobierno impulsa la tramitación de la primera Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias
El Consejo de Gobierno se pronunció este jueves a favor de la oportunidad, objetivos y principios generales del anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, a propuesta de Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. El objetivo es impulsar y continuar con la tramitación de una normativa pionera en la comunidad autónoma mediante nuevos procesos de consulta pública e informes técnicos antes de su debate político en el Parlamento de Canarias.
Elevado a la consideración del Gobierno por iniciativa de la consejería dirigida por Elena Máñez, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), el texto legislativo presenta como principal objetivo el fomento de la creación de cooperativas, la consolidación de la actividad en las existentes y, en último término, la generación de empleo de calidad y con estabilidad, en cumplimiento además de la competencia exclusiva en la materia atribuida a la comunidad isleña mediante la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018.
Además de mejorar la ley de ámbito estatal y de aprovechar la experiencia en las restantes autonomías, el anteproyecto canario trata de configurar un régimen jurídico moderno, claro y flexible para responder a las exigencias actuales y las demandas futuras, al favorecer la agilidad y competitividad de las sociedades cooperativas en el marco de una economía global, en un periodo clave además para la actual recuperación ante la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
Precisamente, el impulso de programas de compensación de gastos corrientes fijos para cooperativas o empresas de economía social, con mayores dificultades de acceso a financiación bancaria, figura, por ejemplo, entre las prioridades estratégicas del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo tras su consenso con una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la enfermedad por el coronavirus.
Datos y novedades
En el primer trimestre de 2020, Canarias contabilizó 225 cooperativas (102 sociedades en Las Palmas y 123 en Santa Cruz de Tenerife) inscritas en la Seguridad Social, con un total de 4.820 personas trabajadoras (1.538 en la provincia oriental y 3.223 en la demarcación occidental), por lo que las Islas se sitúan como decimosegunda comunidad de las autonomías españolas al mejorar las cifras de Asturias, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Entre otras novedades respecto a la legislación aplicada, el anteproyecto tramitado reduce a dos el número mínimo de personas socias en la constitución de la cooperativa de trabajo asociado; simplifica los trámites y procedimientos en modificaciones estructurales y a nivel general, introduce los medios telemáticos en procedimientos asamblearios, regula la administración única como órgano de gestión unipersonal frente al consejo rector y especifica las funciones de la intervención, organiza los fondos de reserva voluntaria y de sostenibilidad para mayor estabilidad financiera, y revisa el régimen de infracciones, sanciones y descalificación.
Además de contemplar las observaciones del Consejo Económico y Social (CES) al anteproyecto precedente, iniciado la pasada legislatura pero nunca tramitado en el Parlamento autonómico, el actual documento incluye diversas propuestas recibidas durante los procesos de información pública y participación ciudadana desde patronales como la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias (Asescan), la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) o sindicatos como la Unión General de Trabajadores (UGT).
Compuesto de 144 artículos, el texto final se estructura en tres títulos, con diez capítulos el primero y dos el segundo, además de seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.
Canarias rebaja en casi diez días el plazo medio de pago a proveedores en el primer semestre de este año
El Gobierno de Canarias ha conseguido rebajar el plazo de pago a proveedores en casi diez días durante el primer semestre de este año con respecto al mismo período de 2019, de modo que se ha situado en los 16,5 días de media, frente a los 25,1 registrados entonces.
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, informó hoy al Consejo de Gobierno de esta circunstancia, que sitúa a Canarias como una de las comunidades autónomas que antes paga sus facturas, a pesar de la crisis del coronavirus y la merma de los ingresos en las cuentas públicas.
Antes al contrario, los datos revelan que las decisiones adoptadas por el Gobierno para declarar de urgencia determinados pagos han permitido agilizar aún más la tramitación de las facturas e inyectar liquidez a las empresas proveedoras de la Comunidad Autónoma en unos meses de gran contracción de la actividad económica.
El actual Gobierno de Canarias ha cumplido durante todos y cada de los meses de mandato con el plazo legal establecido en 30 días, una actuación que se explica en buena parte por la existencia de liquidez en las cuentas de la Comunidad Autónoma. Precisamente, las demandas del Ejecutivo para la elaboración de los próximos Presupuestos pretenden, en última instancia, preservar esa liquidez que permita responder con prontitud a las obligaciones económicas.
El Plazo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.
Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores.
