Santa Cruz de Tenerife.- Los vientos que se produjeron el 4 de febrero, y entre el 21 y el 25 de febrero de 2020, coincidiendo con un fuerte episodio de calima, originaron importantes daños en el potencial de producción agrícola de varios municipios de las islas de Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Tenerife, y favorecieron los incendios en los términos municipales de Santa Úrsula (Tenerife) y de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), afectando tanto a los cultivos como a las infraestructuras agrícolas y ganaderas.
Los daños ocasionados exigen que se prevea por parte del Gobierno de Canarias el establecimiento de ayudas para reparar y paliar en la medida de lo posible las pérdidas y daños producidos. El Programa de Desarrollo Rural de la Región de Canarias para el periodo 2014-2020 contempla distintas líneas de subvención destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas. Estas subvenciones tienen como objetivo financiar las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes declaradas por el Gobierno de Canarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 del Reglamento (UE), número 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Tras considerar los informes presentados por los cabildos insulares de La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, en relación con los daños ocasionados por el temporal de viento en distintos municipios de las respectivas islas, así como los incendios en La Aldea de San Nicolás y Santa Úrsula, el informe del Servicio de Producción y Registros Agrícolas de la Dirección General de Agricultura determina que los que los daños en el potencial de producción agrícola superan el umbral del 30%.
El Consejo de Gobierno considera que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2. k) del Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 para declarar la situación de desastre natural.
Municipios afectados:
La Gomera (Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey).
La Palma (Garafía, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Tijarafe).
Gran Canaria (Teror, Arucas, Moya, Firgas, Valleseco, Artenara, Telde, Valsequillo, Ingenio, Gáldar, Santa María de Guía, Agaete, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Mogán).
Tenerife (Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos, La Guancha, San Juan de La Rambla, San Cristóbal de La Laguna (zona costera La Punta-Valle Guerra), Tegueste, Granadilla, San Miguel, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora , Santiago del Teide).
Hacienda ha librado 85 millones de euros para compras de material sanitario por el SCS desde el inicio de la pandemia
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, informó hoy al Consejo de Gobierno de una nueva autorización de suplemento de crédito por importe de 40 millones de euros con destino al Servicio Canario de la Salud, al objeto de dar cobertura a gastos relacionados con el Covid-19. Con este expediente, los créditos transferidos hacia la sanidad canaria sin estar consignados presupuestariamente en esa consejería ascienden a 85 millones de euros.
La autorización permitirá la compra de suministros y material desechable y contribuirán, desde el departamento de Hacienda, al refuerzo del conjunto de medidas puestas en marcha para atajar la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
La Consejería de Hacienda ha adoptado en los últimos meses diferentes acuerdos tendentes a garantizar la suficiencia financiera para la prestación del servicio sanitario y, en particular, para la adquisición de material, además de establecer el tipo 0 del Igic para la compra de artículos sanitarios contra el Covid.
En paralelo, también se han tomado decisiones en materia económica y fiscal que permitieron, entre otras cosas, inyectar liquidez a la economía canaria mediante el alivio de las obligaciones fiscales de pymes y autónomos, y la ampliación en su momento de los plazos para el pago de numerosos tributos.
Del mismo modo, se han simplificado los trámites administrativos para reducir la burocracia y facilitar la toma de decisiones a nivel autonómico. Estas acciones se han traducido, por ejemplo, en la reducción a 14,2 días del plazo medio de pago a proveedores, lo que coloca a Canarias a la cabeza de todo el Estado en diligencia a la hora de pagar.
Otras acciones han consistido en la autorización de operaciones crediticias para hacer frente a la caída de ingresos tributarios y mantener los servicios públicos esenciales y el impulso de una línea de avales por importe de 180 millones de euros para micropymes y autónomos.
Educación refuerza las medidas de protección de su personal con la compra de mamparas, cascos y EPIs
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha reforzado las medidas de seguridad de su personal con la adquisición de nuevo equipamiento de protección frente al riesgo de contagio del COVID-19.
La inversión responde al potencial escenario de nueva normalidad que se abre en Canarias y que permitirá a la administración una vuelta gradual a la atención presencial de la ciudadanía en condiciones de salud y seguridad.
El departamento autonómico ha adquirido 36 mamparas de policarbonato, seis postes así como equipos de protección individual como cascos de protección, guantes, artículos de protección respiratoria y gel hidroalcohólico por valor de 20.651,55 euros.
El gasto, realizado a través de tres adjudicaciones y tramitado por la vía de emergencia, ha sido aprobado hoy en Consejo de Gobierno.
Administraciones Públicas da cuenta de dos contratos por 60.000 euros para atender la crisis de la Covid-19
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de dos resoluciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para la tramitación de sendos expedientes de contratación, por el procedimiento de emergencia, con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la COVID-19. Se trata de dos contratos de refuerzo; uno para el servicio de Soporte (Oficina Técnica) del sistema de tramitación de procedimientos de la Comunidad Autónoma de Canarias y, el otro, para el servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración canaria.
El refuerzo de la Oficina Técnica para el sistema de tramitación de procedimientos se debe a que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha obligado a la ciudadanía en general a utilizar la tramitación electrónica en su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que ha provocado un aumento en la gestión que se tiene que hacer en el sistema tramitador de procedimientos corporativo (PLATEA y MayTe) con el consiguiente aumento de necesidades de soporte funcional y técnico. El importe de la contratación asciende a la cantidad 53.987,06 euros, cofinanciado por el FEDER, Programa Operativo 2014-2020.
El otro contrato, relacionado con el refuerzo del servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, asciende a la cantidad de 6.126,49 euros, también cofinanciado por el FEDER.
Esta contratación se justifica porque la crisis sanitaria ha generado un aumento de uso de las plataformas de Intermediación y de Libros de Resoluciones, Certificados y Órdenes, provocado en gran medida por el aumento de la demanda en los procedimientos ya existentes y por los nuevos procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y renta de emergencia, así como un aumento del uso en la aplicación de SIMED para la tramitación de bajas del personal (sanitario incluido).
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha solicitado la inclusión de los dos expedientes, cuyo importe asciende a 60.113,55 euros, dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.
El Gobierno autoriza 1,7 millones para la prórroga del servicio de control horario del personal público
El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la prórroga del contrato del servicio integral para el control de horarios del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su gestión unificada para todos los colectivos, incluyendo los desarrollos necesarios para la grabación, gestión y explotación de la actividad del personal a través del Sistema Integral de Control Horario (Sicho), por importe de 1.702.866,48 euros, IGIC incluido.
La prórroga tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y es la tercera del contrato inicial, suscrito en octubre de 2015 por la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualad por un importe de 5,4 millones de euros y un período de cuatro años.
En septiembre de 2019, por orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se concedió una primera prórroga de seis meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, por importe de 682.056 euros. La segunda prórroga se produjo mediante orden del 29 de marzo de 2020 y por un plazo de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2020, por 454.704 euros.
El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato, con la que se agota el periodo máximo de dos años establecido en la legislación vigente.
El Gobierno envía al Consultivo la adaptación del Decreto de Guías de Turismo a la normativa europe
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves remitir al Consejo Consultivo, con carácter de urgencia para su dictamen, la modificación del Decreto de Guías de Turismo, elaborado por la Consejería regional de Turismo, para adaptarlo a la normativa europea.
La modificación de este Decreto posibilitará el acceso y ejercicio de la profesión de guías de turismo en Canarias a quienes posean el certificado de competencia o el título de formación exigido por otro estado miembro de la Unión Europea (UE). De igual forma, en el supuesto de que la profesión de guía de turismo no esté regulada en el estado miembro de establecimiento, deberá acreditarse, además, el ejercicio de la profesión a tiempo completo durante un año o, a tiempo parcial durante un periodo equivalente, en el transcurso de los diez años anteriores.
Los certificados de competencia o los títulos de formación deberán cumplir la condición de haber sido expedidos por una autoridad competente en un estado miembro, designada de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado; y acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.
De esta forma, se adecúa el requisito de experiencia laboral exigible, cuando el peticionario proceda de un estado en que no esté regulada la profesión de guía de turismo, a la duración establecida en la directiva europea, es decir reducir su duración de dos años a uno.
Con esta iniciativa del Gobierno, se trata de hacer coherente la norma vigente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias con el marco normativo estatal y comunitario, y para lo que debe tenerse en cuenta la necesidad de responder ante la CE en el plazo dado del 4 de septiembre próximo, por lo que el Consejo Consultivo deberá responder con carácter de urgencia en un plazo de 15 días.
Autorizada una emisión de deuda apta para la RIC para ejecutar un proyecto privado de inversión del Grupo Martinón
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, autorizó este jueves una emisión de deuda a efectos de materialización de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) realizada conjuntamente por las entidades Viola Teidea y Cardumen Capital. El expediente cuenta con informe vinculante favorable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En concreto, se trata de materializar la RIC vía emisión de instrumentos financieros a emitir por la entidad financiera que promueven los peticionarios, ya sean instrumentos de patrimonio o valores representativos de deuda, en función del perfil del inversor, para ejecutar un proyecto privado por importe de 5,4 millones de euros de reforma de la planta hotelera e instalaciones industriales de las sociedades del Grupo Martinón S.L.
Los fondos captados serán entregados a las sociedades mercantiles operativas encargadas de llevar a cabo los proyectos de inversión mediante la suscripción de acciones o participaciones de capital emitidas por tales sociedades, o instrumentos de deuda como préstamos, préstamos participativos, préstamos subordinados, créditos, bonos, obligaciones, etc.
Dichas sociedades mercantiles, integradas dentro del Grupo Martinón Grumasa S.L. (GRUMASA), son Panorama XXI S.L, Fataga S.A. e Intercasa S.A.
Las inversiones a realizar por estas sociedades mercantiles operativas se acometerán antes de la emisión de los instrumentos financieros con fuentes transitorias de financiación (recursos propios o endeudamiento con terceros), para luego ser sustituidas por la financiación procurada por los suscriptores de los instrumentos financieros declarados idóneos para la materialización de la RIC; es decir, la devolución del endeudamiento original o de los recursos propios aportados con los fondos captados mediante la emisión.
Esta inversión previa se justificaría por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, dado que los establecimientos hoteleros han tenido que cerrar, siendo este el mejor momento para acometer las reformas al no tener que compaginarlas con huéspedes.
Educación finaliza su reestructuración con el nombramiento de Fidel Trujillo y José Saturnino Martínez
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes finaliza hoy su proceso de reestructuración interna, derivado del nombramiento de Manuela Armas como nueva consejera de ese departamento, el pasado 22 de junio.
Con la toma de posesión de Fidel Trujillo y José Saturnino Martínez como directores generales de Personal y Agencia canaria de Calidad Educativa respectivamente, se completa el diseño del nuevo organigrama de la Consejería, cuyos cambios se iniciaron con la designación de Manuel Ramírez Sánchez al frente de Universidades y Rosario Gañán, como responsable de Formación Profesional y Educación de Adultos.
José Saturnino Martínez García es profesor de Sociología (Equidad y Educación) en la Universidad de La Laguna y autor de La equidad y la educación (2017) y de Estructura social y desigualdad en España (2013). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Complutense de Madrid), Máster en Economía de la Educación y del Trabajo (Universidad Carlos III) y Doctor en Sociología (Universidad Autónoma de Madrid), especializado en desigualdad y educación.
Ha sido becario en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en la Universidad Complutense y en la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Wisconsin (Madison, EEUU), Chile, Buenos Aires, Nacional de Córdoba (Argentina) y en varias universidades españolas. Ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Entre 2007 y 2011 fue Vocal Asesor en el gabinete del Presidente Rodríguez Zapatero. Además, ha realizado informes o asesorado al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Educación, a la Junta de Andalucía, al Consejo de la Juventud de España, a las organizaciones Save the Children y Cáritas o al Gobierno y al Parlamento de Canarias.
Sus investigaciones, realizadas en el marco de proyectos de investigación competitivos, han sido publicadas en revistas académicas como International Studies in Sociology of Education, Revista de Educación, Revista Internacional de Sociología, Revista Española de Investigaciones Sociológicas o Papers. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como ElDiario.es, El País, Cadena Ser, Infolibre, Escuela o Le Monde Diplomatique, entre otros.
Por su parte, Fidel Trujillo Santana es maestro y Licenciado en Ciencias de la Educación. Es Inspector de Educación desde el curso escolar 1992-1993, habiendo desempeñado previamente funciones como Maestro y Orientador Escolar. Ha ocupado cargos de director, vicedirector y secretario en diversos centros educativos y ha ejercido como coordinador regional del Servicio de Orientación en la Dirección General de Promoción Educativa.
Además, en el Departamento de Educación ha sido, en diferentes momentos, coordinador docente y responsable del Servicio de Planificación y Relaciones Sindicales de la Dirección General de Personal, así como responsable de Planificación en la Viceconsejería de Educación. En la actualidad es el inspector de la zona de Gáldar y Agaete.
El Gobierno da un nuevo impulso a la transformación digital de las empresas canarias
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves una transferencia de crédito para dar cobertura a la nueva convocatoria de subvenciones, en el año 2020, destinada a la transformación digital de las empresas canaria, por importe de 2.423.921 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La creación de una nueva línea de ayudas de más de 2,4 millones de euros de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), está enmarcada en el Plan de Reactivación Social y Económica impulsado por el Ejecutivo regional para hacer frente a la crisis de la COVID-19.
Los beneficiarios de esta nueva línea de ayudas de la ACIISI son aquellos proyectos empresariales dirigidos a la transformación digital de las pymes canarias, fomentando la innovación a través de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de contribuir a mejorar su competitividad y productividad. Los proyectos deben responder a la necesidad de la entidad beneficiaria de adaptar el desarrollo de su actividad a la nueva coyuntura socio económica, consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y serán de 2 tipos:
Tipo A: Tecnologías innovadoras para la transformación digital de la empresa, que busca la mejora de la competitividad y productividad de la empresa, a través de actuaciones para la incorporación de innovación tecnológica a sus procesos productivos.
Tipo B: Presencia web, marketing digital y comercio electrónico, que busca consolidar la estrategia ‘online’ de la empresa, de forma que desarrolle su presencia digital y la potencie como canal adicional de comunicación, publicidad y ventas.
Con esta iniciativa se facilita a las empresas canarias la transformación de su modelo de negocio para adecuarlo a la nueva realidad. Un reto que deben afrontar cuanto antes para dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía que están modificando sus patrones de comportamiento en el trabajo, las relaciones personales y el consumo.
En esta transformación tienen un papel fundamental las TIC, pues su incorporación a la cadena de valor constituye una herramienta clave para optimizar y mejorar la gestión no solo de los procesos productivos internos, sino también la relación con clientes y proveedores, permitiendo, además, la implantación de nuevas relaciones laborales más flexibles y autónomas, basadas en la virtualización y el teletrabajo.
Las excepcionales circunstancias originadas por la COVID-19 y la necesidad de apoyar lo antes posible a las empresas que se encuentran en situaciones financieras difíciles, cuentan con el refuerzo de los instrumentos de la ACIISI para el apoyo a la transformación digital, primando aquellos proyectos de carácter transversal que cubran todo el espectro de la actividad de la empresa. A esto hay que sumar el hecho de que esta iniciativa responde a lo que propugnan las distintas normas europeas, nacionales y regionales generadas a raíz de la mencionada crisis sanitaria: facilitar liquidez y ampliar plazos de ejecución a las empresas. En este sentido, es de aplicación el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés.
