La Conferencia Sectorial de Infancia en Tenerife terminó sin acuerdos obligatorios para el reparto de menores entre comunidades, generando críticas y nuevas exigencias
Santa Cruz de Tenerife.- La Conferencia Sectorial de Infancia celebrada esta tarde en Tenerife, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, culminó con resultados que reflejan tanto avances como desacuerdos significativos entre las comunidades autónomas de España. La reunión, que buscaba abordar la crisis de menores no acompañados en Canarias y Ceuta, concluyó con el reparto para acoger a 400 menores entre las diferentes CCAA, pero sin llegar a un consenso para hacer obligatorio este reparto.
Cataluña vota no al reparto voluntario y no acogerá a migrantes, el País Vasco (PSOE Y PNV) votan sí, pero no acogerán más y las CCAA de PP votan si al reparto voluntario propuesto por el Gobierno de España de 400 menores migrantes.
La distribución de los 400 menores quedaría, en principio, con que Cataluña sería la comunidad que más menores recibiría con 31; Andalucía, Extremadura y Madrid, con 30 cada una; Cantabria, con 29, y Galicia, con 26.
Las comunidades que menos les corresponde en este reparto son La Rioja, con 4 menores; Baleares, con 10, y Navarra, con 15.
Pese a este acuerdo para este reparto voluntario, no ha habido consenso para la modificación de la Ley de Extranjería que los gobiernos de Canarias y España quieren llevar, para su aprobación, en el Congreso de los Diputados.
Durante la conferencia, el Gobierno de Canarias, representado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, exigió la implementación inmediata de un decreto ley que aliviara la presión sobre su red de acogida de menores. Sin embargo, la falta de unanimidad sobre la obligatoriedad del reparto de menores reflejó las tensiones entre las comunidades. Algunas regiones mostraron disposición a colaborar, mientras que otras se resistieron a aceptar un mandato obligatorio, alegando limitaciones logísticas y presupuestarias.
Candelaria Delgado expresó su frustración ante la falta de acuerdo, subrayando la urgencia de una solución estructural para garantizar una distribución equitativa y justa de los menores entre todas las comunidades. Delgado enfatizó que la situación en Canarias es insostenible y que se necesita una acción legislativa firme para prevenir una crisis humanitaria.
En la conferencia, las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco se destacaron por su disposición a acoger a un número significativo de menores, en contraste con otras regiones que plantearon más reservas y condiciones para su participación. Estas diferencias subrayan la necesidad de una coordinación más efectiva y de políticas claras que aseguren el bienestar de los menores involucrados.
Los ministros de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hicieron un llamamiento a la solidaridad interterritorial y destacaron que la protección de la infancia debe ser una prioridad compartida por todas las comunidades autónomas. Rego y Torres insistieron en que el Gobierno central trabajará en conjunto con las comunidades para encontrar soluciones viables y sostenibles.
El resultado de la conferencia dejó claro que, aunque se han dado pasos hacia la colaboración, persisten desafíos significativos. La falta de un acuerdo unánime refleja las complejidades de gestionar una crisis humanitaria en un marco autonómico, donde las prioridades y capacidades de cada región varían considerablemente.
Para la población canaria, la conferencia sectorial representa una oportunidad crucial para visibilizar la carga desproporcionada que la región ha soportado en términos de acogida de menores no acompañados. Además, subraya la necesidad de apoyo y recursos adicionales del Gobierno central y del resto de las comunidades autónomas para manejar de manera efectiva esta responsabilidad compartida.
En las próximas semanas, se espera que el Gobierno de Canarias continúe presionando por la adopción del decreto ley, y se prevé que se lleven a cabo nuevas rondas de negociación para buscar un consenso más amplio. Mientras tanto, la situación en los centros de acogida de Canarias sigue siendo una preocupación urgente, con informes de sobrepoblación y falta de recursos adecuados.
Las conclusiones de la conferencia han sido un llamamiento a la acción para los responsables políticos a nivel nacional y regional, destacando la necesidad de un enfoque más coordinado y solidario para abordar los desafíos de la protección infantil. La situación actual exige no solo respuestas inmediatas, sino también una planificación a largo plazo que asegure el bienestar y la integración de los menores en todas las comunidades autónomas.
La Conferencia Sectorial de Infancia en Tenerife ha puesto de manifiesto la complejidad de la gestión de la acogida de menores no acompañados en España y la necesidad de una respuesta unificada y eficaz. La población canaria y las demás comunidades autónomas estarán atentas a los próximos pasos del Gobierno central y a las posibles implicaciones de las decisiones tomadas en esta conferencia.
