Santa Cruz de Tenerife.- En sendas reuniones mantenidas el pasado viernes, 31 de julio y 5 de agosto, por los diferentes sectores de la comunidad educativa canaria, se ha valorado positivamente la necesidad del diálogo y la unidad para la cimentación de un sistema educativo fuerte y de calidad. En las mismas se han tomado una serie de acuerdos con objeto de participar constructivamente en la mejora de la organización y planificación del inicio del próximo curso escolar, además de mantener reuniones permanentes para seguir valorando la evolución del curso 2020-2021.
Comenzamos recordando que la Constitución Española reconoce, dentro de la Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y concretamente en su Artículo 27.7.: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.”, siendo la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), la que define cómo se ha de llevar a cabo la participación de la comunidad educativa. El preámbulo de la LODE dice claramente: “optimizar el rendimiento educativo del gasto y velar por la transparencia de la Administración y calidad de la educación, lo que se asegura a través de la participación. En el ámbito educativo, ese control social y esa exigencia de transparencia han sido encomendados, más directamente que a los poderes públicos, a padres, profesores y alumnos, lo que constituye una preferencia por la intervención social frente a la intervención estatal.”
Son los poderes públicos, en nuestro caso el Gobierno de Canarias y dentro del mismo la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, quienes han de garantizar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa: familia, alumnado, personal docente y no docente. Por ello uno de nuestros objetivos es mantener reuniones conjuntas con la Consejera de Educación. No es posible el encuentro ni el consenso, si no se favorece el diálogo constructivo con la comunidad educativa al completo, no por separado, como viene haciendo la Administración Educativa. Ya habrá tiempo, una vez pactados entre todas y todos los planes, protocolos o proyectos generales, de descender a la participación y negociación de las especificidades con cada uno de los sectores concernidos en sus diferentes órganos de participación.
Con la idea de que se asegure la necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal dando prioridad a la educación presencial, sin menosprecio de la educación semipresencial en los cursos más altos si así fuera necesario, el principal objetivo de la comunidad educativa es que este curso escolar se desarrolle con todas las garantías sanitarias y de seguridad, que impidan que, en el ámbito educativo o desde el mismo, se den pasos atrás, produciéndose indeseados rebrotes del virus. Entendemos que el Protocolo sanitario para centros educativos presentado por la Administración Educativa resulta manifiestamente mejorable. En dicho documento no se hace referencia al uso de elementos tan comunes como termómetros, ni de los ascensores (que conllevan medidas específicas); tampoco se establece el procedimiento a seguir con el alumnado, docentes y no docentes que no puedan asistir al centro por cualquier motivo relacionado con la Covid-19 (contagio, cuarentena, por ser especialmente sensibles al virus, etc.); además, se limita de forma incomprensible el uso de las mascarillas y se desvirtúan las recomendaciones generales de distanciamiento (el metro y medio de radio de distancia, dentro y fuera de las aulas, es imprescindible e indiscutible). Por otra parte, se establecen recomendaciones y medidas genéricas, que deben especificarse más para transporte escolar, comedores escolares, entradas y salidas, personal de administración y servicios o el propio personal docente. Se obvian actividades como la recogida temprana del alumnado o las actividades extraescolares, se dice poco o nada del alumnado con necesidades educativas especiales y de su profesorado, ni del alumnado con retraso educativo, se vuelve a sobrecargar la responsabilidad de las direcciones y las tutorías de Infantil y Primaria, etc. Es vital buscar, en colaboración con los ayuntamientos o por parte de la Consejería, espacios y locales adecuadamente acondicionados, aularios para lograr la seguridad sanitaria necesaria, que en último extremo podrían ser prefabricados que reúnan buenas condiciones. También se deben incrementar el número de baños, mediante reformas y/o prefabricados, etc.
Pensábamos que las subcomisiones de trabajo, que se están constituyendo en esta última semana a través del Consejo Escolar de Canarias, servirían para dar claridad a estas cuestiones y que se incluirían las propuestas de los diferentes sectores de la comunidad educativa, pero no es así: algunas subcomisiones ya tienen previstas fechas del mes de septiembre para comenzar su trabajo, con objeto de continuar activas durante todo el curso escolar, porque en ellas lo que se pretende es ir valorando los diferentes escenarios posibles para poder diseñar y elaborar medidas de contención en cada caso. Esto significa que, con el Protocolo sanitario, la resolución de organización y funcionamiento de centros y el calendario escolar publicados hace un par de semanas, esta Administración Educativa pretende dar por zanjado el inicio del próximo curso escolar.
Sin embargo, creemos que aún falta por concretar y dar respuesta a muchos factores para que se garantice un inicio de curso seguro. Se encuentran sin definir los planes de contingencias de cada centro, se deben regular las actividades extraescolares, las actividades para el alumnado de 0 a 3 años, la acogida temprana, una mayor concreción para comedores escolares y transporte escolar, la urgente necesidad de una plataforma y recursos digitales, unos materiales copyleft, la incorporación de nuevas figuras o servicios en los centros educativos como el de enfermería escolar, un plan de formación en competencia digital y prevención de riesgos laborales para las familias, el profesorado y el alumnado, la imprescindible adecuación curricular, el refuerzo y una mayor concreción de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y al que presente retraso curricular, los horarios de los centros, la colaboración de los municipios para la concesión de espacios o apertura, la mejora y ampliación de las coberturas de red wifi en abierto o el refuerzo de sus servicios sociales para atender posibles necesidades, etc.
Porque consideramos que nuestra participación en la gestión y el control de la enseñanza es un derecho constitucional irrenunciable y que somos útiles y necesarios para mejorar las condiciones de seguridad del inicio del próximo curso y que disponemos de propuestas concretas para la mayoría de las cuestiones planteadas, demandamos una reunión urgente de toda la comunidad educativa con la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes doña Manuela de Armas Rodríguez.
