Santa Cruz de Tenerife.- Ante la solicitud de reunión con el Comité de Huelga remitida por la directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, para mantener un encuentro por Internet este miércoles (13 de enero) a las 12 horas, el Comité de Huelga le ha reiterado la solicitud de mantener dicha negociación con el consejero del Área Julio Pérez.
El Comité de Huelga se mantiene en esta petición ante los abundantes desprecios sufridos por parte de la directora general de Función Pública que se mofaba de los trabajadores aludiendo a que los sucesivos encuentros con el Comité de Huelga vendrían condicionados por el resultado del primer día de paro», celebrado ayer lunes 11 de enero.
Este Comité de Huelga entiende que la capacidad de decisión para asumir cualquier resultado de la negociación con el Comité de Huelga que sea beneficioso para ambas partes, corresponde al responsable del departamento, el Consejero Julio Manuel Pérez Hernández intentando, en la medida de lo posible, evitar reuniones que impidan el avance en la resolución satisfactoria del conflicto.
El comité de huelga se comprometió a remitir un texto de trabajo que podrá servir como punto de arranque en la negociación y resolución del conflicto mientras espera la cita con el consejero «a la mayor brevedad posible»
La posición de la directora general de Función Pública, Laura Martín, sosteniendo que el Gobierno «no se puede salir de la legalidad vigente» nos resulta del todo asombrosa ya que es el propio Gobierno quien inclumple la legalidad manteniendo a 27.000 trabajadores en Fraude de Ley.
En esa línea, le recordamos que la Constitución Española protege los derechos de los trabajadores y es contraria al despido libre y gratuito que se quiere llevar a cabo por parte de la administración.
La legalidad vigente es la normativa europea que ya ha marcado el camino a seguir en la sentencia del TSJE de marzo de 2020 donde indica que ante el abuso de temporalidad hay que sancionar a la Administración con la fijeza o la indemnización y excluye la Oferta Pública de Empleo como un medio para conseguir resarcir al trabajador del abuso de temporalidad.
La solución depende de la voluntad política porque quien se ha saltado la Constitución es el empleador, el Gobierno de Canarias, y en ningún caso el trabajador.
