El Parlamento de Canarias ha constituido una comisión para investigar las responsabilidades políticas en la gestión de la contratación de material sanitario durante la pandemia de COVID-19
Santa Cruz de Tenerife.- El Parlamento de Canarias ha dado un paso importante en la búsqueda de claridad y responsabilidades en la gestión de la contratación de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. Este mediodía, se celebró la sesión constitutiva de la Comisión de Investigación destinada a analizar las decisiones y acciones del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias en este ámbito crucial.
La nueva comisión estará presidida por Raúl Acosta, diputado del Grupo Mixto por AHI, quien fue elegido con 15 votos a favor, al igual que los otros dos cargos de la comisión: Gustavo Santana Martell (PSOE) como vicepresidente y Luz Reverón (Grupo Parlamentario Popular) como secretaria. En cada votación se registró un voto en blanco y otro para la diputada de VOX, Paula Jover.
En su intervención, Raúl Acosta subrayó la importancia de esta comisión para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades políticas. Anunció que los grupos políticos tienen hasta el próximo lunes 27 de mayo para presentar una lista argumentada de personas que propondrán para comparecer, así como un listado de la documentación que consideren necesaria. Con esta información, se elaborará un plan de trabajo que se extenderá inicialmente por seis meses, aunque el plazo puede ser prorrogado por cuatro meses adicionales, sumando un total de diez meses si fuera necesario.
La gestión de la pandemia ha sido un tema de gran preocupación y debate en Canarias, y esta comisión busca arrojar luz sobre uno de los aspectos más críticos: la contratación de material sanitario. Durante los momentos más duros de la crisis sanitaria, el acceso a equipos de protección personal y otros suministros médicos fue vital para proteger tanto a los profesionales de la salud como a la población en general. Sin embargo, la rapidez y urgencia con que se realizaron estas contrataciones han suscitado dudas y críticas sobre la transparencia y eficiencia de los procesos.
Raúl Acosta reconoció las dificultades logísticas que enfrentará la comisión debido al ya de por sí apretado calendario parlamentario. Actualmente, el Parlamento de Canarias tiene 21 comisiones constituidas, además de las ponencias, juntas de control, plenos, mesas y juntas de portavoces. Por ello, Acosta indicó que es probable que algunas sesiones se celebren en horario de tarde para garantizar que se pueda llevar a cabo el trabajo necesario sin interferir con otras actividades parlamentarias.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, expresó su apoyo a la comisión y compartió el deseo de Acosta de que el desarrollo de esta investigación se realice en un ambiente de calma y lejos de la crispación política que se ha visto en otras instituciones del país. Pérez enfatizó la importancia de un enfoque sereno y constructivo para garantizar que se logren resultados concretos y beneficiosos para la ciudadanía.
El objetivo principal de esta Comisión de Investigación, como destacó Raúl Acosta, es «buscar la verdad, saber qué pasó y dirimir posibles responsabilidades políticas, sin sustituir la labor de la justicia». Esta declaración subraya el compromiso de la comisión con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales en la gestión pública, especialmente en tiempos de crisis.
La creación de esta comisión refleja una preocupación creciente entre la ciudadanía y sus representantes sobre cómo se gestionaron los recursos durante la pandemia. La esperanza es que esta investigación no solo arroje luz sobre las decisiones pasadas, sino que también ofrezca lecciones valiosas para mejorar la gestión de futuras emergencias sanitarias.
A medida que la comisión comience su trabajo, la atención estará puesta en cómo se abordarán las comparecencias y el análisis de la documentación presentada. Se espera que los hallazgos y recomendaciones que surjan de esta investigación contribuyan a fortalecer las prácticas de contratación y gestión en el sector sanitario de Canarias, asegurando que se actúe con la máxima diligencia y transparencia en beneficio de todos los ciudadanos.
