El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que el nuevo acuerdo sobre la tutela de menores migrantes responde a la necesidad de garantizar su seguridad jurídica y está avalado por los servicios jurídicos de la comunidad
Santa Cruz de Tenerife.- Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha defendido el reciente acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la tutela de los menores migrantes que llegan a las islas en cayucos o pateras. Según Clavijo, este acuerdo tiene como objetivo proteger la seguridad jurídica de los menores y responde a las directrices marcadas por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.
El nuevo marco, que fue adoptado el 2 de septiembre, establece que los menores migrantes no estarán automáticamente bajo la tutela del Gobierno canario, sino que serán considerados competencia del Estado hasta que se cumplan todos los procedimientos necesarios. Clavijo ha subrayado que esta decisión responde a la necesidad de evitar que los menores sean transferidos sin las garantías mínimas, como su identificación mediante huellas dactilares y fotografía, y otros datos que aseguren su correcta protección. «No se puede entregar un menor con una hoja de albarán, sin una fotografía, sin una reseña, sin una toma de una huella dactilar… Lo que nos preocupa a todos es la seguridad jurídica del menor», ha afirmado el presidente.
El acuerdo ha sido criticado por algunas organizaciones no gubernamentales, como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La ONG considera que esta nueva postura del Gobierno canario puede afectar negativamente a la protección de los menores migrantes. Clavijo, sin embargo, ha rechazado estas críticas, señalando que el cambio es necesario para asegurar que los menores no sean tratados como una cuestión administrativa y para garantizar que se cumplan los protocolos internacionales de derechos humanos.
Desde el Ejecutivo regional, se argumenta que esta decisión no implica un cierre de puertas a los menores migrantes, sino que busca regularizar y formalizar su acogida, haciendo que el Estado cumpla con sus responsabilidades. «Para nosotros no es normal que no se respeten los derechos de los menores. No es normal que no se respeten los tratados internacionales», ha explicado Clavijo, recordando que la situación de emergencia se estaba convirtiendo en algo “normalizado” y que es necesario un cambio de enfoque.
El acuerdo también incluye un mandato para priorizar la ampliación de la red de acogida en las islas, con la creación de nuevas plazas y el aumento del personal en la Dirección General de Protección de la Infancia. Clavijo ha mencionado que este cambio busca proteger a los trabajadores de las ONG que gestionan los centros de acogida, quienes, según él, se enfrentan a posibles consecuencias legales derivadas de la falta de un marco claro.
El Gobierno canario ha solicitado al Estado que respete el protocolo de actuación de 2014, que detalla los trámites que deben cumplirse antes de que un menor sea entregado a la entidad pública de protección. Este protocolo exige que todo menor extranjero no acompañado cuente con una reseña policial inmediata, pruebas médicas cuando sea necesario y que se respeten las normas de identificación establecidas.
Clavijo ha manifestado su malestar por la falta de atención por parte del Estado en esta cuestión, subrayando que Canarias lleva años realizando un esfuerzo casi en solitario para acoger a los menores migrantes. «Se requiere al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y de procedimiento en materia migratoria», señala el acuerdo, destacando la necesidad de respetar los derechos de los menores en línea con los estándares internacionales.
En resumen, Clavijo sostiene que el acuerdo pretende proteger tanto a los menores migrantes como a las instituciones y trabajadores implicados en su acogida, asegurando que se respeten los procedimientos legales adecuados y se eviten situaciones de riesgo o abandono.
Este enfoque ha generado debate y polarización en el ámbito político y social de Canarias, con posiciones enfrentadas sobre la mejor manera de gestionar la llegada de menores migrantes y garantizar su protección. Sin embargo, desde el Gobierno regional se mantiene firme la defensa de este acuerdo como una medida necesaria para velar por la seguridad y los derechos de los menores.
