Adeje.- El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) advierte que las administraciones públicas y la sociedad tinerfeña deben ser conscientes del riesgo que puede suponer la paralización de proyectos, como la ocurrida recientemente en el Puertito de Adeje, a la hora de atraer inversiones a la Isla. Para la asociación, este tipo de decisiones sobre proyectos que, tras muchos años de tramitación y fiscalización, cuentan con los permisos y licencias necesarios puede llegar a generar desconfianza empresarial y una grave incertidumbre.
Desde la Junta Directiva consideran que generar esta sensación entre el empresariado interesado en invertir en Tenerife puede tener consecuencias negativas para el desarrollo de la isla y la generación de riqueza. “Paralizar proyectos como este provoca dudas a aquellos que buscan establecer aquí sus negocios, que optarán por elegir territorios similares, que son competidores directos y ofrecen mayor tranquilidad y seguridad respecto a inversión”, explican.
Asimismo, recuerdan que, en el caso de la actuación que se realizará en el Puertito de Adeje, se cuenta con todas las licencias necesarias para llevarla a cabo. Unas licencias fruto de una tramitación muy larga, que ha durado años y en la que han estado implicadas varias administraciones diferentes. “El trabajo de las administraciones ya está hecho, no podemos negar la realidad reflejada en las valoraciones técnicas”, aseveran.
“Nunca conseguiremos posicionar a Tenerife como un destino preferente para los inversores si un proyecto que cumple con la legalidad vigente y cuenta con los informes técnicos, urbanísticos y de impacto ambiental de las diferentes administraciones puede verse paralizado en cualquier momento”, explican desde el CEST. “De poco sirve el esfuerzo de promoción de los incentivos fiscales en Canarias si ponemos piedras en el camino de las principales inversiones que, además, servirán para mejorar nuestro entorno”, aseguran.
Además, desde la organización recuerdan que este tipo de iniciativas no solo permiten ofrecer a los turistas servicios de calidad, atrayendo a visitantes de mayor poder adquisitivo, sino que son importantes generadores de empleo, por lo que frenarlos pone en riesgo numerosos puestos de trabajo.
“Las administraciones públicas deben ser conscientes de este riesgo y tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia”, aseguran desde el Círculo. Si bien reconocen que es su deber escuchar a la sociedad de las Islas, aseguran que aquellos que se oponen “son grupos minoritarios, que buscan hacer mucho ruido”.
