El presidente del Círculo, Javier Cabrera, asegura que la falta de voluntad política y de compromiso institucional impide la puesta en marcha de soluciones operativas
Adeje.- El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) alerta de las carencias del sistema de justicia en la comarca sur de la isla. Desde la Junta Directiva lamentan que las administraciones públicas no den solución a las carencias humanas y materiales y a unas infraestructuras obsoletas a las necesidades que tienen los partidos judiciales de Granadilla de Abona y de Arona, dada la relevancia y cuantía económica de los asuntos civiles y mercantiles que se tratan en ambos partidos judiciales y en especial, las ejecuciones de sentencias que, una vez resuelto un pleito, se eternizan burocráticamente.
En el mes de junio de este año, el juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona colgó un cartel en su puerta en el que manifestaba que, a esa fecha, ya se había llegado al número de casos que el CGPJ aconsejaba como máximo (1.200) para poder ser atendidos de manera eficiente. Sin embargo, y casi al mismo tiempo, el mismo órgano, el 28 de junio de este mismo año, rechazó una solicitud de medida de refuerzo transversal para los juzgados de instrucción números 1, 2, 3, 4 y 5 de Arona, denegando la autorización económica y la ampliación de recursos humanos.
El presidente del CEST, Javier Cabrera, lamenta que la administración de justicia estatal y autonómica no hayan hecho evolucionar sus servicios para garantizar la eficiencia y el acceso universal a la justicia, dada la población de la comarca sur, la complejidad de los casos que en ella se dirimen y la alta litigiosidad. “La población de Adeje ha crecido en un 72% en los últimos 24 años, la de San Miguel de Abona, un 67,6% y Arona 54 % en lo que va de siglo”, detalla como ejemplo, y asegura que “el juzgado de Arona es casi con total seguridad uno de los más complicados de Canarias, sin embargo carece de las herramientas necesarias para atender esa complejidad”.
Desde el Círculo recuerdan que el partido judicial de Granadilla es uno de los que peores condiciones de trabajo y gestión presenta en todo el país. Para el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los cuatro juzgados están en situación “oficial” de colapso y no reúnen las mínimas condiciones para realizar en él un trabajo efectivo, en un entorno laboral apropiado para los funcionarios ni para los justiciables. “Uno de los juzgados contaba, por ejemplo, en un informe del TSJC, con 6.000 escritos sin tramitar por los que esperan profesionales del derecho y ciudadanos que quieren hacer efectivo su acceso a la justicia”, afirma.
“No solo son necesarios profesionales y medios materiales, sino que es urgente la construcción de un palacio de justicia a la altura de las necesidades de este partido judicial”, reclama Cabrera.
El máximo representante de los empresarios del sur explica que “recientemente se aprobó la ubicación del juzgado número 5 de Granadilla en San Isidro con un presupuesto de 1,3 millones de euros, algo que los profesionales de la justicia consideran un despropósito y un desastre organizativo, porque contribuye aún más a la dispersión, descontrol y el bloqueo que ya padece el juzgado de Granadilla”.
Una sede infrautilizada en Arona a pesar de las necesidades
“El caso del partido judicial de Arona es el contrario al de Granadilla, contamos con un edificio moderno con capacidad para 16 juzgados, pero solo se han creado la mitad y aún hay espacio para cinco juzgados nuevos más”, asevera Javier Cabrera. También lamenta la ausencia de, como mínimo, un juzgado de lo social y pone como ejemplo a Gáldar, en Gran Canaria: “Pertenece al partido judicial de Santa María de Guía y esa zona tiene menos relevancia económica y poblacional que la del partido judicial de Arona, sin embargo sí cuentan con uno; bravo por el político de la isla hermana que lo logró”.
Desde el CEST también recalcan que la sala del decanato, oficina de vital importancia para el correcto funcionamiento de los juzgados, se encuentra desde hace años sin funcionamiento óptimo por falta de personal.
“Definitivamente la falta de voluntad política y de compromiso institucional con las necesidades en materia de justicia que tiene el sur de Tenerife impiden poner en marcha soluciones y nos condenan a una situación que llevamos padeciendo desde hace décadas”, concluye Cabrera.
