Adeje.- El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, ha trasladado al vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, la oportunidad de que con el objetivo de mejorar la seguridad sanitaria en Canarias el Ejecutivo autonómico genere una plataforma digital que, con códigos QR, permita al rastreo de todos los viajeros.
En el transcurso de la reunión, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife con la presencia del presidente del FAST, José Fernando Cabrera, desde el Círculo de Empresarios también se ha trasladado la conveniencia de poner en marcha un registro voluntario de turistas y ciudadanos en establecimientos públicos y privados, de tal forma que se almacene la información en el departamento autonómico competente, conforme a la legislación existente en materia de protección de datos. A juicio de Roberto Ucelay, “Es imprescindible contar con un registro digital para quienes entren en las Islas o realicen desplazamientos interinsulares”.
El presidente del CEST explicó a Román Rodríguez la necesidad de implantar, bajo la tutela y competencia del Gobierno regional y “cuanto antes”, test en las llegadas y salidas de los puertos y aeropuertos del Archipiélago. “De otra forma”, señaló Ucelay, “no lograremos salvar la temporada de invierno”.
Desde el Círculo de Empresarios del Sur se recordó que, según los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria de Canarias, el Ejecutivo autonómico está habilitado para actuar en situaciones como la que en la actualidad se está afrontando con la COVID-19. “Los test de salida, cofinanciados por operadores privados, deben acompañarse de certificados médicos aprobados por los países emisores, de forma los viajeros regresen a casa con seguridad y garantías, evitándose así tener que hacer la cuarentena”, explicó Roberto Ucelay.
En otro orden de cosas, durante el encuentro mantenido con el vicepresidente del Gobierno de Canarias se demandó que se agilice el traspaso de competencias contempladas en el Estatuto de Canarias — aprobado hace ahora dos años—, así como la ampliación de los plazos de materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o la suspensión de todos los plazos administrativos desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo.
