El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, Javier Cabrera, también solicita que se investigue la importación y distribución de estos productos
Adeje.- El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha solicitado a los representantes públicos de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife que se tomen medidas contra la venta de falsificaciones en los espacios públicos y que se investigue la procedencia de estos productos, su importación y distribución. Explican que la proliferación de esta práctica afecta negativamente a los pequeños comercios de los principales núcleos turísticos de la comarca.
El presidente del CEST, Javier Cabrera, asegura que “la venta ambulante de falsificaciones supone un obstáculo innegable para la economía local, tanto para comercios como para pequeños restauradores y, además, constituye un delito contra la propiedad industrial, regulado en nuestro Código Penal”.
Por eso, el máximo representante de los empresarios del Sur considera imprescindible que se abra una línea de investigación sobre los “principales responsables de esta situación, que son aquellos que se dedican a la importación y a la distribución de los productos para su venta”.
“Los importadores de productos falsificados son lo que realmente se están lucrando con esta actividad ilegal y, para ello, se sirven de personas que, por su necesidad de supervivencia, se ven obligadas a trabajar en condiciones de casi esclavitud”, aclara. Además recuerda que “eso está pasando en nuestros pueblos, al lado de nuestras casas y nuestros negocios”.
Cabrera, destaca la cantidad de quejas y el malestar generalizado que han trasladado al Círculo sus asociados, residentes y clientes que se ven afectados por las consecuencias de esta práctica irregular. “No queremos poner el foco en las personas que llevan a cabo este tipo de venta, sino en los verdaderos responsables de la situación, que son aquellos que importan este tipo de mercancías desde otras partes del mundo sin cumplir con la legalidad”, añade.
Estas prácticas, según el presidente, “aumentan la presencia de este tipo de productos de dudosa procedencia, lo que afecta directamente a la confianza de los consumidores respecto a los artículos comercializados por establecimientos legales de todas estas zonas”.
