El sector considera que la normativa supone un grave perjuicio para viajeros y establecimientos y evalúa recurrir a los tribunales
Santa Cruz de Tenerife.- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) anuncia que emprenderá acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre, debido a la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros.
La patronal hotelera denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida Orden Ministerial para aclarar su implementación.
Una normativa con impacto directo sobre viajeros y empresarios
Para CEHAT, el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento.
Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo. CEHAT denuncia que esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país.
El silencio del Gobierno deja al sector sin alternativas
Desde la reunión mantenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, CEHAT no ha recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las prometidas aclaraciones. Asimismo, el Gobierno no ha emitido la Orden Ministerial comprometida para detallar los procedimientos necesarios, dejando a los hoteleros en una situación de indefensión a menos de una semana de la entrada en vigor del decreto.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, lamenta la actitud del Ejecutivo: “Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros”.
Acciones legales para defender al sector y a los viajeros
CEHAT está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas. La patronal considera que estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos.
“España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos. No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen”, concluye Marichal.
No obstante, CEHAT reitera su compromiso de colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad del sector, antes de la entrada en vigor de esta normativa. A este respecto, Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, subraya que “siempre hemos colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y seguimos abiertos al diálogo para encontrar soluciones tecnológicas viables y seguras, antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto”.
