CC Tenerife muestra su preocupación a que no llegue a los ayuntamientos la financiación para los Servicios Sociales

La Comisión de Bienestar Social de la formación política critica los incumplimientos de la Ley de Servicios Sociales que tendrá, entre sus consecuencias, la imposibilidad de que se contrate a personal que gestione la PCI

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Comisión de Bienestar Social. Cedida. NOTICIAS 8 ISLAS.
Comisión de Bienestar Social./ Cedida.

Santa Cruz de Tenerife.- Coalición Canaria-PNC en Tenerife muestra su preocupación ante los incumplimientos del Gobierno de Canarias de la Ley de Servicios Sociales. Comités locales y representantes de la organización en los Ayuntamientos de la Isla y del Cabildo de Tenerife mantuvieron recientemente una reunión dentro del calendario de trabajo de la Comisión de Bienestar Social que preside Rosario Pino, en la que se evidenció la incertidumbre que existe entre las administraciones locales y la insular, ante el temor de que no lleguen los fondos económicos recogidos en dicha normativa para financiar los servicios sociales o prestaciones como la PCI.

La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, -aprobada por unanimidad en el Parlamento canario- recoge la consignación de 55 millones de euros anuales en los presupuestos de la comunidad autónoma para financiar la atención social que prestan Ayuntamientos y Cabildos, sin embargo dicha cantidad no se ha incluido en el documento económico para 2020, tal y como recordó la diputada en el Parlamento de Canarias, Cristina Valido (presente en la reunión). Entre otros incumplimientos que se han evidenciado está lo relativo al Catálogo de Prestaciones y Servicios “cuya aprobación ni siquiera tiene fecha, pese a haberse superado el plazo establecido en la mencionada ley y, es más, fue exigido por los partidos que ahora gobiernan, cuando estaban en la oposición” apuntó Valido.

Tal y como se manifestó en el encuentro, sin recursos, ni catálogo no puede haber ni incremento de personal en los servicios sociales, ni calidad en los mismos, cuyo coste está muy por encima de lo que el Gobierno de Canarias abona a Cabildos y Ayuntamientos. Una prueba de ello es la incapacidad y desbordamiento de muchos municipios para atender la Prestación Canaria de Inserción que en la nueva ley se amplía a todas las familias sin ingresos y con menores a cargo, sin que las transferencias para el personal que atiende hayan crecido en proporción a la demanda.

Por último, se cuestiona la capacidad del Gobierno canario de gestionar la renta ciudadana, si no son capaces de facilitar que las administraciones locales se doten de personal suficiente para tramitar la PCI.

CC-PNC asegura que Darias no puede mantener “ni un minuto más” al delegado del Gobierno en Canarias en su puesto

El secretario general de Coalición Canaria-PNC, José Miguel Barragán, ha señalado que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, “no puede permitir que el delegado del Gobierno en Canarias se mantenga un minuto más en su puesto” después de que Juan Salvador León haya “permitido y justificado” la expulsión “en caliente” de inmigrantes sin respetar “sus derechos fundamentales y sin garantizar su seguridad” al enviarlos a países diferentes a los de su nacionalidad lo que supone “abandonarlos a su suerte”. Además, los nacionalistas exigen que esta petición sea formalizada también por el Ejecutivo canario “porque el Gobierno de Canarias no puede ser cómplice de la vulneración de derechos de los migrantes”.

Como recuerda Barragán, el propio delegado del Gobierno ha reconocido en medios de comunicación que el pasado fin de semana había partido de Canarias un avión con destino a Mauritania en el que fueron repatriados 60 africanos. Es más, el delegado del Gobierno informó de que de esos 60 repatriados, 56 procedían de Mali, un país que se encuentra en pleno conflicto bélico y que atraviesa una crisis humanitaria, que fueron devueltos junto con tres senegaleses y un mauritano.

A pesar de que la Delegación del Gobierno sólo confirmó ese vuelo, el Defensor del Pueblo recoge en su página web la salida de dos aviones «del operativo de repatriación (vuelo Frontex)» con destino a Mauritania que fueron supervisados por técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y un médico forense externo.

El primero de ellos salió el 20 de enero desde Gran Canaria con 46 africanos a bordo, de los que 34 eran malienses, y el segundo el lunes 27 desde Tenerife Norte, con 42 migrantes, 38 de ellos de Mali. Es decir, que en apenas una semana, el Gobierno de España habría devuelto a 88 personas en ambos vuelos, de los que no ha informado si se trató de aviones regulares o si fueron fletados por el Ministerio del Interior.

Además de la discordancia de cifras, “alarma y preocupa” la afirmación hecha por el delegado del Gobierno de que “nosotros no nos informamos sobre las nacionalidades, no nos preocupa a quiénes devolvemos, sino el hecho de que tengamos que hacerlo. Son personas que llegan buscando una vida mejor de manera irregular. Por lo tanto, son susceptibles de devolución y ésta se hace legalmente».

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció el viernes, 24 de enero, que el Gobierno español repatría a ciudadanos de origen subsahariano a Mauritaria, especialmente a personas malienses, en cuyo país existe un conflicto bélico desde 2012. Tal y como señala la entidad de la Iglesia, esta práctica supondría una forma de «devolución indirecta» a una región de conflicto y «contraviene» el principio de no devolución. Es decir, se trata de una práctica que atenta contra la ley y vulnera los derechos de los migrantes.

El senador por la Comunidad Autónoma, el nacionalista Fernando Clavijo, ha solicitado que se informe por escrito del número de vuelos que partieron de Canarias durante el mes de enero con destino a Mauritania con inmigrantes irregulares y por qué el delegado del Gobierno de España en Canarias solo admite un solo vuelo, mientras que el Defensor del Pueblo indica y acredita que fueron dos. Además, también requiere información de por qué el Ministerio del Interior no informa sobre los vuelos que fleta para el traslado de inmigrantes y si es cierto como afirma el delegado del Gobierno, que el Ministerio del Interior no se informa sobre las nacionalidades de las personas que repatría ni se preocupa de las personas a las que devuelve.

Lo más grave, señaló Clavijo es que no exista la certeza de que se haya ofrecido asilo político a los malienses repatriados a Mauritania pues, de facto, supone una vulneración de derechos que además puede poner en peligro la vida de esos repatriados al devolverlos a un país en guerra.

FUERTEVENTURA

Al “despropósito y alarma de esas declaraciones” se suma, como señaló Barragán, “la falta de capacidad de gestión en la llegada de inmigrantes” cuyo último ejemplo “lo tenemos en Fuerteventura” a donde acaban de llegar esta misma semana 90 inmigrantes en dos pateras que están siendo atendidos en la Comisaría de la Policía Nacional de Puerto del Rosario ya que “no existe capacidad en la isla para atenderlos en otras dependencias” cuando “hace apenas cuatro días se desmontaron las casetas militares del albergue de Tefía (que habían sido montadas el viernes 17 de enero)”. Las propias ONG’s que atienden en la isla a los inmigrantes han dicho en varias ocasiones que se encuentran desbordadas por falta de medios, y la falta de respuesta del delegado  “solo demuestra ineptitud y desprecio por parte de la Delegación del Gobierno”, añadió el secretario general de los nacionalistas.