CC-PNC rechaza la calificación de Rubens Ascanio de “menores vulnerables” a los escolares de los campamentos de verano

El concejal de Bienestar Social habla de “menores vulnerables”, estigmatizando a los participantes y sus familias

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Colegio San Matías. Cedida. NOTICIAS 8 ISLAS.
Colegio San Matías./ Cedida.

San Cristóbal de La Laguna.- Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de La Laguna rechaza las declaraciones inadecuadas que el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, ha dispensado a los participantes de los campamentos de verano al determinar que está dirigido a “menores vulnerables”. Un término que desde la formación nacionalista se considera poco afortunado y que nunca se ha utilizado en estos casos ya que en los últimos años se han ofrecido campamentos de verano para los escolares sin tener que utilizar términos estigmatizantes ni para los menores ni sus familias, además de dar un trato discriminatorio.

Por otro lado, se ha informado de que los campamentos serán en Taco, La Cuesta y el casco, por lo que se da la circunstancia de que este verano se deja fuera a los menores de la Comarca de la posibilidad de disfrutar de estos campamentos de verano, frente al resto de barrios del municipio y el casco, otro factor discriminante ya que estos espacios también están concebidos para hacer posible la conciliación laboral y familiar.

Los campamentos escolares de verano han estado orientados a garantizar una alternativa de ocio y tiempo libre, educativo, cultural, lúdico y deportivo; donde además se  garantiza la adecuada nutrición de los menores asistentes. Incluyendo diferentes acciones dirigidas al desarrollo integral de los menores.

El pasado 25 de junio, CC registró una pregunta dirigida al Gobierno local en el que se solicitaba información sobre el periodo de inicio y en qué centros educativos del municipio de San Cristóbal de La Laguna se iban a realizar los campamentos escolares de verano convocados en otras ediciones, así como cuáles eran los horarios, la programación estipulada, y la logística para su puesta en marcha, teniendo en cuenta que se ha de contar con las máximas garantías de seguridad por el Covid-19; una información que se hace pública 22 días más tarde respecto a cuando se solicitó.