Santa Cruz de Tenerife.- El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife presentará una moción en el próximo Pleno (viernes 28) en la que se insta a los juzgados a paralizar los lanzamientos en los casos en que el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Tenerife tengan conocimiento de un procedimiento de desahucio incoado por un fondo buitre. La consejera nacionalista, Carmen Delia Alberto, señala que “la crisis social y económica generada por la COVID-19 ha agravado la situación de miles de familias en Tenerife, muchas de las cuales se encuentran bajo la amenaza de un desahucio proveniente de un fondo buitre. Nuestra intención es que esos procedimientos se paralicen, que las viviendas sean adquiridas por el Gobierno de Canarias y sean puestas a disposición de las familias necesitadas”.
Carmen Delia Alberto señala que la moción también insta al Gobierno de Canarias a iniciar cuanto antes el proceso de negociación con la entidad propietaria de las viviendas ubicadas en la Subida de El Tablero (Santa Cruz de Tenerife) para obtener un precio justo y proceder a su adquisición, a fin de dar estabilidad a las 17 familias afectadas, adquiriendo las viviendas a la entidad financiera titular de las mismas y poniéndolas a disposición de las familias. Además, la consejera nacionalista señala que en la moción “se insta al juzgado a que, una vez se inicie el procedimiento de desahucio, a paralizar cuantos expedientes de levantamiento estén vigentes en relación con dicho edificio sito en El Tablero”.
La consejera de CC-PNC explica que “esa solución fue adoptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias en 2019, gracias a la cual se solventó el problema que sufrían 358 familias de la zona de Añaza. Nos encontramos en una situación similar en la Subida a El Tablero y es necesario resolverla lo antes posible”.
Finalmente, la iniciativa del grupo nacionalista contempla instar al Gobierno de Canarias a crear una mesa de trabajo técnica para identificar, en coordinación con el Cabildo de Tenerife y los municipios de la Isla, a las familias en situación de vulnerabilidad que en Tenerife viven bajo la amenaza de desahucio de sus viviendas por la acción de los denominados fondos buitre y negociar con dichas entidades la adquisición de las viviendas para ponerlas a disposición de las familias en el régimen que corresponda.
