Santa Cruz de Tenerife.- Coalición Canaria exige al consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que explique por qué la Comunidad Autónoma sigue pagando el sueldo de Juan Manuel Sosa, cuando él mismo confirmó en sede parlamentaria que no correspondía hacerlo al Ejecutivo.
Los nacionalistas se preguntan si este hecho guardará alguna relación con la imperiosa necesidad aritmética que tienen PSOE y Podemos de contar con el tránsfuga oficial para conformar gobierno en el Cabildo de Lanzarote.
Tras múltiples intentos fallidos para que el Gobierno entregase al diputado del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) David de la Hoz el expediente del funcionario Juan Manuel Sosa, consejero del Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote hasta que se transfugó al gobierno de la presidenta y diputada socialista M.ª Dolores Corujo, finalmente fue el secretario de la institución insular, quien entregó a CC parte de la documentación.
A la vista de dicho expediente, del que Función Pública solo entregó un escueto informe a De la Hoz, se comprueba que los tres informes que en realidad ha emitido la administración coinciden con lo reiterado por Julio Pérez este 25 de noviembre en el Parlamento, asegurando que “es el Cabildo insular de Lanzarote quien debe asumir desde el 30 de diciembre de 2019 el abono de las retribuciones que hasta la fecha ha tenido reconocidas Juan Manuel Sosa”, a lo que Pérez añadió que “en lo que se empeña el Cabildo de Lanzarote es en no pagar porque hace una interpretación, en mi opinión errónea de la Ley de Presupuestos”.
Por lo tanto, Julio Pérez tiene la obligación de dar explicaciones de por qué el Gobierno sigue pagando un sueldo que dicen no corresponderle, y de por qué el Gobierno no ha iniciado ningún expediente de reintegro de las cantidades que el propio Ejecutivo admite haber abonado indebidamente.
Por otra parte, el consejero aseguró en sede parlamentaria que existen dos resoluciones válidas de Función Pública que sustentan el pase a la situación de servicios especiales de Juan Manuel Sosa: “una primera, por ser portavoz”, la única válida a juicio de CC, y, “una segunda, por ser consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote”, utilizando los mismos preceptos legales que la anterior, cuando la realidad es que no existe ningún precepto legal en la Ley de Función Pública, que faculte a ningún funcionario a mantenerse en servicio especiales con cargo a la Comunidad Autónoma simplemente por tener delegada un área de gobierno, en ninguno de los siete cabildos de Canarias.
CC sostiene que de la resolución en vigor que ahora se sacan de la manga y aducen como válida, para explicar la situación de servicios especiales del tránsfuga, y que Función Pública ocultó por completo en sus tres informes en los que no hacen ninguna referencia a la misma, tampoco se deduce que el consejero comunicase su pérdida de condición de portavoz como era su obligación sino todo lo contrario, que simplemente comunicó que ahora además era consejero de Sanidad.
