Santa Cruz de Tenerife.- El Grupo Nacionalista Canario ha interpelado a la Intervención General de la Comunidad Autónoma por lo que “consideramos una gravísima irregularidad cometida por el funcionario público Juan Manuel Sosa”, quien aparentemente engañando a la administración, se ha mantenido en situación de servicios especiales durante unos 20 meses, sin tener derecho a ello y siendo beneficiario por tanto de más de CIEN MIL (100.000) euros de cobros indebidos, “para que se adopten las medidas correctoras oportunas y exijan las responsabilidades de todo tipo a que hubiera lugar”, afirma el portavoz del grupo, José Miguel Barragán .
Como se recordará, Juan Manuel Sosa, fue nombrado portavoz del grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote en junio de 2019, acogiéndose entonces al derecho que le asistía como funcionario del Servicio Canario de Salud, para acceder a la situación de servicios especiales y continuar percibiendo sus haberes de la Administración de la Comunidad Autónoma.
El 3 diciembre de 2019, el consejero renunció a su condición de portavoz y desde entonces perdió el derecho a seguir cobrando de Sanidad, lo cual debió comunicar obligatoriamente a dicha Consejería.
“Desde el propio partido llevamos meses solicitando información acerca de quién y por qué abona desde entonces las retribuciones del consejero Juan Manuel Sosa, ante la presidenta del Cabildo de Lanzarote; y a través de nuestros diputados, mediante la formulación de preguntas tanto orales como escritas dirigidas al presidente del Gobierno de Canarias, a su consejero de Sanidad y al Comisionado de la Transparencia”, siendo la respuesta del Servicio Canario de Salud, a requerimiento del Comisionado de la Transparencia, “que nos remitamos a Función Pública”.
Precisamente, “nos consta que desde el Área de Recursos Humanos de la Corporación insular se formuló consulta al respecto a la Dirección General de la Función Pública, para que esta se pronunciara sobre a qué administración le corresponde proceder al abono de las retribuciones del referido consejero: si al Cabildo de Lanzarote o al Gobierno de Canarias”.
En respuesta a dicha consulta, la ya dimitida directora general de Función Pública, remitió informe al Cabildo de Lanzarote, en el que, entre otras consideraciones, admite que el funcionario en cuestión “se encuentra a día de hoy en situación de servicios especiales desde junio de 2019, al haber sido nombrado consejero del Cabildo de Lanzarote y portavoz del grupo político”, condición que perdió por renuncia voluntaria en diciembre de ese mismo año, y concluye que, desde entonces y en todo caso, “la administración competente para proceder al abono de las retribuciones de la persona interesada como Consejero Insular con delegación especial en Sanidad y Planificación Sanitaria, ha de ser el Cabildo Insular de Lanzarote desde el 30 de diciembre de 2019”. “En definitiva el informe viene a corroborar que desde entonces el consejero ha cobrado indebidamente más de 100.000 euros de la Comunidad Autónoma”.
Como el informe de Función Pública no aclara los motivos por los que el consejero Sosa ha seguido cobrando del Gobierno de Canarias hasta el día de hoy, ni tampoco se ha iniciado ningún expediente de reintegro por cobros indebidos, “hemos puesto los hechos en conocimiento de la Intervención General, como responsable en última instancia de la fiscalización de la nómina de la Comunidad Autónoma”.
Asimismo, Barragán exige que los máximos responsables, tanto del Gobierno que sigue pagando al consejero sin tener derecho a ello, como del ejecutivo al que pertenece el consejero tránsfuga para su blindaje, esto es Ángel Víctor Torres y Mª Dolores Corujo, dejen de eludir su responsabilidad, den la cara y aclaren los siguientes extremos:
– ¿Por qué ha seguido Juan Manuel Sosa en situación de servicios especiales a partir de diciembre de 2019 si desde entonces perdió ese derecho al dejar de ser portavoz?
– ¿Por qué y al amparo de qué disposición legal ha seguido pagando el Servicio Canario de Salud la nómina de Juan Manuel Sosa, desde diciembre del 2019?
– Tras el informe de Función Pública, ¿continúa cobrando de la Consejería de Sanidad este consejero del Cabildo de Lanzarote?
– ¿Comunicó el consejero y funcionario afectado a su pagador la pérdida de su condición de portavoz, del mismo modo en que comunicó su nombramiento cuando en junio de 2019 ejercitó su derecho a seguir cobrando del Servicio Canario de Salud?
– Si no corresponde al Gobierno de Canarias el abono de sus retribuciones, ¿Se ha iniciado por parte de la administración algún expediente de reintegro por cobros indebidos desde diciembre de 2019 del funcionario Juan Manuel Sosa Rodríguez?
– ¿Se le abrirá el correspondiente expediente disciplinario y depurarán las responsabilidades a que hubiera lugar?
