San Cristóbal de La Laguna.- El grupo municipal de Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de La Laguna ha presentado la solicitud de celebración de un Pleno Extraordinario con un único punto en su orden del día en relación con la apertura de sendos expedientes sancionadores de índole urbanístico al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.
El acuerdo que figura en la petición de Pleno extraordinario recoge que: “El Ayuntamiento de La Laguna procederá a la apertura y tramitación urgente de sendos procedimientos sancionadores por los expedientes urbanísticos abiertos por las obras ilegales realizadas en sus viviendas por parte de los vecinos de La Laguna, D. Luis Yeray Gutiérrez, Alcalde del municipio y D. Gustavo Matos, Presidente del Parlamento de Canarias”.
El grupo nacionalista para solicitar este Pleno extraordinario se basa en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y más concretamente en su artículo 351, sobre Mecanismos de protección de la legalidad urbanística.
En dicho artículo se señala en su primer apartado que las administraciones públicas competentes vendrán obligadas a ejercer las potestades de protección de la legalidad urbanística una vez se constate su contravención. En el segundo apartado expone que las potestades de protección de la legalidad urbanística tendrán por objeto: a) El restablecimiento de la legalidad infringida; b) La revisión y suspensión de los títulos habilitantes que resultaran contrarios a derecho; c) La imposición de sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas; y d) La reparación de los daños y perjuicios.
Por lo que se entiende que la apertura de sendos expedientes sancionadores es una obligación expresada en el punto 2, apartado c) del articulado.
Hay que recordar que Coalición Canaria, en rueda de prensa el pasado 4 de octubre, dio un plazo de 48 para que ofrecieran una respuesta convincente a la instrucción dada por el concejal Santiago Pérez de congelar los procedimientos sancionadores. Sin embargo, los argumento facilitados “son ambiguas, no dan una solución al problema que se ha generado con este caso, y por ello, nos vemos en la obligación de, en el ámbito político, de actuar como corresponde para la salvaguarda de los intereses generales y por ello solicitamos un Pleno extraordinario para que sea donde se adopte la iniciativa de que se cumpla la ley en este caso, y quien no quiera cumplir la ley, que se retrate”, apunta el portavoz y candidato a la Alcaldía para el 2023, Jonathan Domínguez.
Hechos
En la exposición de motivos se recoge que durante el pleno ordinario del mes de febrero de 2022, el concejal no adscrito, Alfredo Gómez citó como ejemplo contradictorio al hilo de una argumentación iniciada por el concejal Santiago Pérez, la presunta ilegalidad de las obras que el alcalde que había promovido en la reforma de su vivienda particular.
Tras esta denuncia pública, el consejero director de la Gerencia de Urbanismo ordena la inspección de la vivienda y tras la visita de los inspectores, el 14 de febrero de 2022 se constata de manera inmediata, una primera irregularidad, la fiscal: son obras que, por su alcance y dimensión no pueden ser amparadas bajo el trámite de simple comunicación previa, solicitado por el alcalde, y que se corresponde al caso de obras menores en general, de mantenimiento y conservación, y por las que se abona una tasa reducida.
Además, se constatan actuaciones que, algunas de ellas pueden legalizarse a través de la oportuna licencia y abono de tasas, y otras no pueden legalizarse al ser contrarias al planeamiento, debiendo procederse a su desmontaje o demolición, según corresponda, dando un plazo de dos meses para ello desde la resolución dictada el pasado 4 de abril.
Por otro lado, en febrero de 2021, inspectores de Gerencia de Urbanismo habían realizado una visita a la vivienda del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, tras sendas denuncias ante la Gerencia de Urbanismo y la Policía Local por parte del grupo municipal nacionalista de presuntas obras realizadas sin la debida autorización urbanística en su azotea. En este segundo caso, Matos ni siquiera había presentado comunicación previa alguna de obra menor, ni, como parece en este caso al tratarse de un cerramiento de terraza o azotea que constituye una ampliación, solicitud de licencia urbanística y el abono de las tasas correspondientes.
