Santa Cruz de Tenerife.- El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, reconoció este lunes la enorme preocupación que despierta la gestión de la crisis migratoria en las islas por parte de los Gobiernos de España y de Canarias, en particular, la gestión de acogida de los menores migrantes no acompañados.
El dirigente nacionalista señaló que actualmente hay en las islas 2700 menores migrantes no acompañados y apeló a la necesidad de poner en marcha los mecanismos que se utilizaron en la crisis migratoria de 2006. En particular, apuntó Fernando Clavijo al Programa Especial para la atención y traslado de los menores extranjeros no acompañados a la península, puesto en marcha entonces a instancias del Gobierno de Canarias, al tiempo que exigió la convocatoria de la Mesa de Coordinación Interterritorial para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados”, puesta en marcha en 2018. “Las Islas no pueden seguir afrontando esta crisis humanitaria en solitario”.
Clavijo anunció, además, que esta misma semana la formación que lidera registrará en el Parlamento de Canarias la petición de dimisión de los ministros de Interior y Migraciones, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Escrivá, así como, del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, por la “negligente” gestión de los macrocentros de migrantes en las islas. Al respecto, señaló que las políticas migratorias y humanitarias “no obedecen a la toma de decisiones improvisadas en medio de una tormenta de frío y lluvia y una vez se han inundado los campamentos. Así no se responde a un drama humanitario y así no debería tratar a ninguna persona y eso es lo que está haciendo el Gobierno España y lo que está permitiendo el Gobierno de Canarias”.
El secretario general nacional de CC-PNC demandó “medidas y una política migratoria que se ajuste a la dimensión del drama humanitario, que dé respuesta a estas personas que huyen del hambre, de conflictos y de la muerte”. Para ello, señaló puso a disposición “los votos de los diputados y diputados de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias y de nuestro apoyo en el Congreso y Senado para impulsar medidas porque lo que no es justo es que Canarias tenga que cargar con toda la cuota de solidaridad de Europa con la connivencia de los Gobiernos de España y de Canarias”.
La secretaria de Derechos Sociales, Cristina Valido, insistió en la gestión de las políticas ligadas a los menores extranjeros no acompañados. Recordó que ya en el año 2006, los dispositivos de acogida de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias sufrieron una fuerte presión demográfica de menores no acompañados de origen subsahariano, situación que derivó en la aprobación del citado Programa Especial para el traslado y atención a menores extranjeros no acompañados a la península desde las Islas.
En septiembre de 2018, prosiguió Cristina Valido, se creó la “Mesa de Coordinación Interterritorial para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados”, con el fin de facilitar la interactuación y coordinación de todas las instituciones y Administraciones vinculadas en su atención. Una mesa integrada por el Gobierno del Estado y las Comunidades Autónomas para coordinar la acción en una materia tan sensible.
Al respecto, la secretaria de Derechos Sociales de CC reiteró la necesidad de activar estos mecanismos, ya que, “Canarias no solo vive una crisis migratoria de las mismas dimensiones que la de 2006 sino que ahora mismo hay más de 2.700 menores no acompañados en las islas que no pueden ser atendidos en unas condiciones dignas porque el archipiélago no dispone de los recursos suficientes para hacerlo y, además, según las denuncias de las ONGs en muchos casos no se ha podido certificar su minoría de edad con las pruebas óseas necesarias por la falta de recursos”.
Valido insistió que “a pesar del creciente drama que viven los menores, el Gobierno de Canarias se ha limitado, hasta ahora, a contactar, sin mucho éxito, con las Comunidades Autónomas para reclamar su apoyo para la acogida solidaria de menores que se encuentran en nuestras islas, rehusando aplicar o activar los mecanismos que obligan al Estado a articular una respuesta solidaria de todos los territorios, en aplicación de lo que establece la Constitución o la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Hay mecanismos y hay herramientas, lo que no hay es voluntad política”, aseveró.
La secretaria de Derechos Sociales exigió que “se aplique la solidaridad interterritorial y que se ofrezca las condiciones de vida más apropiadas para los menores, teniendo en cuenta las especiales condiciones de vulnerabilidad de estos grupos poblacionales”.
El secretario de Políticas Migratorias, Oswaldo Betancort, dejó en evidencia “el fracaso de la política migratoria del Gobierno de España con la complicidad del Gobierno de Canarias”.
En este sentido, recordó la gestión de la crisis migratoria de 2006 y señaló que “la diferencia de la anterior crisis con la actual es que entonces había un Gobierno nacionalista en Canarias que preocupaba y ocupaba de Canarias y ahora tenemos un Gobierno de Canarias sumiso que no se planta en Madrid y en Bruselas para evitar que las Islas sigan siendo el muro de contención de la migración que llega de forma irregular por mar a Europa”.
Oswaldo Betancort denunció, además, “la falta de recursos. En 2006 conseguimos que se implantara el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIVE, no para contener la llegada de embarcaciones sino para impedir que se perdieran vidas, porque todos sabemos que el mayor número de naufragios se producen cuando las pateras o cayucos tocan tierra”. Asimismo, aseveró que entonces “también había una posición firme en Europa, que destinó recursos del Frontex a las islas. Hoy, con un Gobierno socialista en España y en Canarias hay recursos del SIVE sin funcionar, para ejemplo está Lanzarote, y ya no está el Frontex en nuestras aguas”.
A juicio del secretario ejecutivo de Políticas Migratorias de CC-PNC “la política migratoria que se está empleando no es otra que la de levantar muros, convirtiendo el archipiélago en islas-prisión, en definitiva, poniendo un parche a un problema que ya es estructural y dejando sola a Canarias con un drama humanitario que debe ser compartido”. Por este motivo, exigió, una vez más la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, solicitada hace meses por la formación nacionalista.
