Coalición Canaria apoya la huelga de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio en Las Palmas y exige al Ayuntamiento una nueva licitación que garantice salarios dignos y la continuidad del servicio
Las Palmas de Gran Canaria.- David Suárez, portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha expresado su «apoyo y solidaridad» hacia las 700 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en su primera jornada de huelga. La protesta tiene como objetivo principal la actualización de sus salarios, que, según Suárez, están significativamente por debajo de las de otras localidades.
Desde hace semanas, el edil ha mantenido un diálogo continuo con los representantes laborales, quienes hoy encabezaron una manifestación frente a las Oficinas Municipales. Suárez destacó que el salario actual de los trabajadores del SAD es de 16 euros por hora, mientras que en municipios similares, como Santa Cruz de Tenerife, alcanza los 26 euros, una diferencia de casi un 70%. «Estos profesionales trabajan en un sector esencial, en condiciones muchas veces extremas, y solo reclaman el cumplimiento de su convenio colectivo», señaló.
El SAD, uno de los contratos más significativos del área social en Las Palmas por su presupuesto y por los aproximadamente 4.000 usuarios a los que asiste, se encuentra actualmente en situación de nulidad tras haber vencido. Suárez ha subrayado que, además de las trabajadoras, los más afectados son los usuarios del servicio, mayormente personas mayores o con discapacidades, quienes dependen de estas ayudas para sus necesidades básicas diarias.
El portavoz de CC también criticó la gestión del Ayuntamiento, afirmando que el pliego de condiciones del SAD fue insuficientemente financiado desde el inicio, debido a un error en el cálculo de los costes laborales. Además, Suárez anunció que su partido pedirá explicaciones a la edil de Bienestar Social, Patricia Vargas, sobre el estado del nuevo estudio económico para la licitación. Este estudio, según indicó, debe corregir los fallos de la licitación anterior, que quedó desierta, y contar con una partida superior a los 74,6 millones de euros destinados inicialmente.
Suárez concluyó enfatizando la necesidad de rapidez en el proceso para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y la continuidad del servicio para los usuarios.
