Las Palmas de Gran Canaria.- El secretario insular de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, lamenta que el Tribunal Supremo confirme la nulidad del plan urbanístico del Siam Park y reprocha al presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, que su inacción haya permitido dinamitar el proyecto del parque acuático.
En este sentido, aseveró: «Desde que en diciembre de 2020 se diera a conocer el fallo del Tribunal Supremo acerca de la falta de informe sobre la insuficiencia y disponibilidad de los recursos hídricos que debió emitir el Consejo Insular de Aguas, organismo dependiente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales no ha iniciado ninguna acción para impulsar o subsanar el error cometido».
Así, el nacionalista considera que la falta de iniciativa del presidente del Cabildo queda patente con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, y para la que propone ahora tramitar un nuevo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad en el ámbito de El Veril o declarar el Siam Park como proyecto de interés insular. Una propuesta que para Pablo Rodríguez «llega a destiempo, desgasta al promotor y se convierte en una pérdida de tiempo para la puesta en marcha de este parque acuático, de enorme relevancia para la isla de Gran Canaria y el de mayor relevancia internacional», apostilló.
Además, añadió: «Antonio Morales ha dejado morir el proyecto para ofrecer una solución que debió haber puesto sobre la mesa hace año y medio», y dijo que la inacción del presidente del Cabildo insular es la «tónica general» en otras inversiones estratégicas para Gran Canaria, ya que «Morales no cuenta con un proyecto de isla ni con un plan estratégico para fomentar o atraer grandes inversiones para Gran Canaria».
Con todo, Pablo Rodríguez recordó lo acontecido con la cementera de El Pajar, situada en suelo de uso deportivo y de ocio, según el Planeamiento Insular de Ordenación. «Aún así -indicó el secretario insular de Coalición Canaria-, Antonio Morales se posiciona a favor de la cementera para que continúe haciendo uso exclusivo de un muelle público, dinamitando con ello la inversión y permitiendo que continúe en ese lugar aun estando fuera de la ley y fuera del propio planeamiento insular».
