Santa Cruz de Tenerife.- Coalición Canaria-PNC exigirá en el Congreso y en el Senado al Gobierno de España el incremento en la cuota de pesca de atún para las Islas. Tras un encuentro el pasado sábado, del senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, junto al consejero del Cabildo de Tenerife, Antolín Bueno, y el alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado, con representantes de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias para analizar la situación que están atravesando el sector, concluyeron en la necesidad de reclamar una mayor cuota en la pesca de este túnido para salvar a un sector castigado por la crisis económica provocada por la COVID-19.
En este contexto, Fernando Clavijo señaló que “Ana Oramas y yo vamos a trasladar el problema de las cuotas del atún al Congreso y al Senado porque creemos que la pesca artesanal precisa ahora mismo de todo el apoyo de las administraciones para recuperarse. Vamos a trabajar para salvaguardar una parte de nuestra identidad como es la pesca, que genera puestos de trabajo y a los que hay que ayudar. Vamos a luchar para incrementar la cuota para nuestros pescadores”.
El senador nacionalista indicó que durante el encuentro también se trataron asuntos de calado para el sector relacionados con el Gobierno de Canarias “como el cambio de categoría de 18 barcos de pesca artesanal, que afecta directamente a la pesca del atún, así como el impulso que le vamos a dar a la redacción del proyecto del muelle de Los Abrigos de la mano del alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado”.
Los pescadores también trasladaron la problemática que tienen con las manchas que se están colocando al sur de Canarias que están generando una barrera para poder pasar los peces. Estas manchas, que precisan de autorización, atraen a los peces de gran tamaño y les impide que circulen.
Durante la reunión, los representantes de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias también incidieron en la necesidad de que, tanto el Gobierno de España como el de Canarias, mejoren las ayudas destinadas a paliar los efectos de la COVID-19, ya que a muchos de ellos no les han llegado y, en otros casos, son insuficientes y no cubren ni los gastos administrativos provocados por la crisis económica.
