Santa Cruz de Tenerife.- Coalición Canaria-PNC responsabilizó hoy al presidente del Gobierno de Canarias de la “inseguridad jurídica” en torno a los incentivos fiscales recogidos en el REF. “Una inseguridad -advierten- que es fruto de la falta de gestión y del peso político del jefe del Ejecutivo en Madrid” y que podrían tener consecuencias no solo en la atracción de inversiones a las islas sino en la fuga de empresas a otros territorios con mayor seguridad jurídica, alertan.
Los nacionalistas reprochan al Gobierno canario que “siga permitiendo al Estado que interprete a su antojo al fuero canario”, manteniendo a las empresas instaladas en el archipiélago en la “más absoluta incertidumbre en torno a los criterios que empleará el ministerio de Hacienda de cara a la liquidación de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal”. Concretamente, las dudas están en torno a las partidas de la Reserva para Inversiones de Canarias, RIC, y al comercio triangular en el marco de la Zona Especial Canaria.
Para CC “el PSOE ha convertido el fuero canario en una norma indefinida y sujeta a la decisión de Madrid con la excusa de la pandemia”, una situación, señalan “muy grave”, ya que, “supone un paso atrás”.
Al respecto, inciden en que “los derechos de los canarios no pueden estar a examen cada año, a conveniencia del Estado y del PSOE, porque son derechos consolidados”. Por este motivo, advierten “la única vía que hay es su defensa y no una negociación de algo que está consolidado y que no debería someterse a debate cada año cuando se acerca la liquidación de impuestos”.
Los nacionalistas señalan que la situación para Canarias puede ser peor tras la pérdida de la secretaría de Estado de Hacienda, que “ni siquiera fueron capaces de reivindicar los socialistas canarios” e insisten en los peligros de la inseguridad jurídica “en torno a los incentivos fiscales para las Islas que – recuerdan- contribuyen a compensar la condición de ultraperificidad y la fragmentación del territorio del archipiélago”. Por este motivo, exigen al presidente del Gobierno canario que “se sitúe al lado de Canarias y defienda el cumplimiento del REF, una norma -alegan- que nunca debió permitir que estuviera subordinada ni a los efectos de la pandemia ni de la coyuntura económica”, concluyen.
