Las Palmas de Gran Canaria.- Canarias queda excluida, y es la única excepción, de la limitación horaria que se impone en toda España en el nuevo decreto de estado de alarma, que establece la restricción de movimientos, o confinamiento nocturno, entre la 23:00 horas y las 6:00 horas. Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras la celebración este domingo de un Consejo de Ministros extraordinario.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, valora positivamente esta decisión del Gobierno central, que había sido solicitada previamente por el Ejecutivo regional. “De momento, no es necesario que se imponga en Canarias ningún toque de queda”, apunta Torres. El jefe del Ejecutivo canario considera que, con la entrada en vigor del nuevo decreto de estado de alarma en toda España, los gobiernos autonómicos disponen de un marco común que ofrece seguridad jurídica para tomar las decisiones oportunas. Además, asegura que el decreto “permite la adopción de medidas proporcionales, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en cada territorio. Y eso es lo correcto, porque todos no vivimos la misma situación”, remarca.
La razón para que Canarias quede excluida del confinamiento nocturno es que el Archipiélago tiene las cifras más favorables de todo el Estado en cuanto a la contención de la COVID-19. En la actualidad, las Islas registran una incidencia acumulada en los últimos catorce días de 82,7 casos por cada 100.000 habitantes, siendo de 44,3 casos en los últimos siete días, cifras que suponen la mitad de lo que se registraba a principios de septiembre. La positividad en estos momentos también es las más baja de todo el país. En el día de ayer tuvieron resultado positivo solo un 2,5 por ciento de las pruebas realizadas.
Ángel Víctor Torres recuerda que “si se ha logrado tener los datos más favorables de todo el país, ha sido gracias al compromiso y la concienciación de la población canaria, que ha cumplido con las normas preventivas que se empezaron a tomar en agosto para el control de la pandemia”. Algunas de esas normas que ya fueron tomadas en Canarias hace dos meses fueron: la cancelación del ocio nocturno; la limitación del número de personas en las reuniones; la prohibición de fumar caminando o si no se guardan los dos metros de distancia; el aumento de la vigilancia y el incremento de las sanciones.
Torres resalta que “esas reglas han dado buenos resultados”, no obstante, insiste en que “no se bajará la guardia y se tomarán las medidas que sean precisas en función de la evolución de la pandemia en el Archipiélago y las indicaciones de los expertos”.
El Gobierno decreta un estado de alarma para dar amparo constitucional pleno a las medidas contra la pandemia necesarias en las CC.AA
El plazo de 6 meses es el considerado necesario, en base a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda ola actual de la pandemia como su etapa más dañina.
El Estado de Alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.
La declaración responde a la petición de 10 Comunidades Autónomas (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares) y la Ciudad Autónoma de Melilla, tras la propuesta del Gobierno de España.
Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este Decreto según su situación.
Limitación de la circulación
Se estable la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana, pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.
En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.
Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.
Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y Presidentas autonómicos los que decidan si estas medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes delegadas.
Criterios de actuación
Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y vulnerabilidad de la población.
Según esos criterios se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:
En primer lugar, el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo; por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo extremo.
Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días, la incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección.
En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.
Refuerzo de la coordinación
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus miembros, esto es, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los consejeros de salud de cada Comunidad evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.
Como ha venido ocurriendo hasta la fecha además, el ministro de Sanidad comparecerá cada quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica de nuestro país y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia.
Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las Comunidades Autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han ido destinados a las Comunidades Autónomas.
Recursos de las Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas disponen de 16.000 millones de euros del Fondo No Reembolsable establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.
También tienen a su disposición 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo, de los que 1.740 ya están incorporados.
Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test de antígenos.
