Sumario:
- El Gobierno usará su capacidad financiera para proteger los servicios públicos y ayudar a los sectores castigados por la inflación.
- El Gobierno de Canarias prorrogará el plazo para que los ayuntamientos presenten planes de seguridad para sus playas.
- El Gobierno de Canarias destina 30 millones de euros al Programa de Empleo Social 2022-23.
El Gobierno usará su capacidad financiera para proteger los servicios públicos y ayudar a los sectores castigados por la inflación
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy las Directrices para la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2023, unas cuentas a las que se transferirá toda la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma con el objetivo de fortalecer los servicios públicos esenciales y ayudar a los sectores más castigados por la inflación, en un contexto internacional incierto.
La confección de los Presupuestos se encara, según el documento, en un escenario de incertidumbre, «en el que todavía se mantienen en parte las medidas que se han tenido que adoptar para hacer frente a la pandemia del Covid-19, y ahora se añaden las consecuencias que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando en el contexto geopolítico y económico, y sus efectos en términos inflacionarios sobre la economía europea a través de un alza de los precios sin precedentes en energía, materias primas y alimentos».
No obstante, la posición de Canarias es «razonablemente sólida», con unas expectativas de crecimiento de la economía por encima de la media española y unas cuentas públicas saneadas.
«La recuperación podría continuar durante todo el 2022, sustentada principalmente en el sector turístico, que muestra niveles muy próximos a la prepandemia», si bien esta circunstancia dependerá «de lo que pueda suceder en el segundo semestre del año, ya sea por la subida confirmada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación, y/o por los problemas de suministro energético que pudiera ocasionar los efectos de la permanencia de la guerra en los principales países emisores de turistas».
El documento indica que «de nuevo la respuesta que se dé desde el ámbito público será fundamental para abordar los riesgos que se avecinan, evitando que las medidas de contención de la inflación no conlleven estancamiento del crecimiento, especialmente para los Estados europeos con mayor deuda pública, como España».
En todo caso, a fecha de hoy, el Gobierno canario espera contar con los recursos suficientes para seguir reforzando los servicios públicos esenciales y aplicar medidas de ayuda específicas que requieran aquellos sectores más sensibles a la situación actual, en especial los hogares y las empresas con mayor exposición a la crisis energética. «La disponibilidad de tales recursos está en función de las cantidades a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica, del avance de los ingresos tributarios propios y de los fondos europeos», precisa Román Rodríguez.
Previsiones económicas
Las Directrices asumen el contenido del último informe elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, en marzo de este año, cuyos tres escenarios posibles indican que el PIB real de Canarias en 2022 experimentaría un crecimiento que oscilaría entre un 4,1% y un 8,5%, con un escenario central del 6,3%. Para 2023, el intervalo de crecimiento de los escenarios se estrecha, moderándose el extremo superior y estabilizándose el extremo inferior del intervalo. Así el crecimiento previsto para 2023 se mueve en un intervalo entre el 4,1% y el 5,2% dependiendo de los escenarios.
Se concluye, en todo caso, la continuidad de la recuperación económica en Canarias, si bien su intensidad «se va moderando ante la mayor incertidumbre internacional y la aceleración de la inflación», advierte el vicepresidente.
Además de la protección de los servicios públicos y las medidas de ayuda para combatir la inflación, los Presupuestos también estarán alineados con los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y la máxima eficacia en la gestión y ejecución de los fondos europeos.
A este respecto, el despliegue de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) será una de las directrices relevantes en la elaboración del Presupuesto 2023.
Con respecto al personal, las cuantías de los conceptos retributivos se fijarán teniendo en cuenta la previsión del límite, de carácter básico, de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, así como de actualización de las bases de cotización. Se presupuestarán, también, los créditos necesarios para financiar las unidades administrativas de carácter provisional que se constituyan para la gestión de proyectos financiados con fondos Instrumento de Recuperación de la UE (Next Generation EU),
Las Directrices constituyen el segundo paso para la confección de los Presupuestos, después de que el pasado 23 de abril se aprobaran los denominados del Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP) y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales (EPP) de la Comunidad Autónoma para el período 2023-2025.
El propio documento aprobado hoy contiene también el calendario de elaboración y tramitación de las cuentas, aspectos en los que están involucrados todos los departamentos autonómicos, de suerte que el Gobierno pueda aprobar en octubre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 y remitirlo al Parlamento.
El Gobierno de Canarias prorrogará el plazo para que los ayuntamientos presenten planes de seguridad para sus playas
El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado desde esta mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo ha decidido buscar el mecanismo jurídico adecuado para prorrogar el plazo que tenían los ayuntamientos de las Islas para cumplimentar los planes de seguridad de sus playas.
Pérez explicó que, tras analizar la situación, el Gobierno ha optado por ampliar ese margen de tiempo, que según el decreto (de 2018) que regula la seguridad en las zonas de baño era inicialmente de cuatro años (vencería el próximo 8 de agosto). Sin embargo, la mayoría de municipios (en torno a un 70% de las playas) aún no han cumplimentado toda la documentación y, por ese motivo, se ha decidido la prórroga, cuyo plazo se definirá en los próximos días en coordinación con la Fecam.
Según indicó Pérez, hay un total de 360 zonas de baño que requieren de ese plan de seguridad específico y que, en su mayoría, aún no cuentan con esa exigencia del decreto.
El portavoz explicó también que, en unos días, la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad publicará una orden, elaborada en colaboración también con la Fecam y los servicios técnicos del departamento, con unas correcciones y aclaraciones de los anexos del decreto y que concretará también la prórroga a aprobar. Por ejemplo, se aclararán los tipos de bandera, la necesidad de servicios de seguridad únicos en calas anexas, la modulación de los servicios en función de la afluencia, peligrosidad y otras características de cada cala o zona de baño, entre otros aspectos.
Pérez aludió a la reciente sentencia del TSJC que ratifica el decreto de seguridad en las playas 2018 y que sostiene que no se aumentan las exigencias estatales de seguridad en sus concretos, sino que se concretan aspectos puntuales. En este sentido, el consejero recalcó que la complejidad del sistema trata de adaptarse precisamente a las características de cada playa en función de su peligrosidad, media de bañistas y otros aspectos, siempre con el objetivo prioritario de evitar ahogamientos y aportar la máxima seguridad posible. «Que Canarias tenga unas playas seguras es algo a lo que no podemos renunciar», remarcó.
El Gobierno de Canarias destina 30 millones de euros al Programa de Empleo Social 2022-23
El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) suscribieron esta mañana por un importe global de 30 millones de euros el acuerdo-marco que permitirá iniciar la tramitación del Programa de Empleo Social 2022-2023, que tiene por objeto facilitar la empleabilidad de las personas con menos recursos, en exclusión social y paradas de larga duración.
El acuerdo-marco para 2022-23 fue rubricado hoy por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y la presidente de la Fecam y alcaldesa de Candelaria (Tenerife), María Concepción Brito. Al acto también asistieron como responsables de áreas de la Fecam Antonio Chinea y Macarena Fuentes. El primero es presidente de la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam y alcalde de Valverde (El Hierro), y la segunda, vicepresidenta de la Fecam y alcaldesa de Los Silos (Tenerife).
De esta manera, se incrementa en cinco millones de euros el importe para ese objetivo (25 millones) incluido en el Plan Integral de Empleo de Canarias (este con un global de 42 millones de euros en 2022), para atender los programas en colaboración con los municipios, porque, como explicó el presidente canario, Ángel Víctor Torres, «queremos que la oportunidad de integrarse en el mercado laboral llegue al mayor número de personas en exclusión social, las que tengan rentas muy bajas o sean parados de larga duración».
Torres considera esta firma muy importante, «sobre todo para familias en una situación muy difícil». El presidente subrayó la relevancia de que, en esta ocasión, se hayan adelantado los plazos del programa. «No es sencillo poner de acuerdo a 88 municipios y hacerlo con equilibrio entre los más poblados y los de menor población, pero se ha logrado y es una prueba de un magnífico trabajo de la consejería y los ayuntamientos» a través de la Fecam.
En su opinión, se trata de un plan de empleo «fundamental, pues da respuesta inmediata a los que vienen a los consistorios pidiendo empleo y recursos». El jefe del Ejecutivo destaca que más del 50% de los contratados han de ser mujeres y que se prima a los que cobran la PCI o tienen discapacidad, por lo que se siguen criterios de justicia social en concordancia con los ayuntamientos, la Fecam y el Servicio Canario de Empleo.
También recordó que este plan se financia, en parte, con el Plan Integral de Empleo de Canarias, «que hubo años en que se retiró, pero luego hemos repuesto sus 42 millones de euros, cifra que queremos ampliar».
Por su parte, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de Canarias y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, recordó que este programa «sirve para emplear a colectivos que de otra manera están en un riesgo importante de quedarse fuera definitivamente del tejido productivo y además somos muy conscientes de que resulta mucho más complicado acceder al mercado laboral que mantenerse en él una vez logrado un puesto de trabajo, aunque sea temporal».
Los empleos que genera este programa tienen una duración máxima de un año y se destinan a la realización de obras o servicios de interés general y social, a partir de los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos.
En esta misma línea, la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, indicó que «es un honor firmar este plan 2022-23 porque se dirige a muchas familias que lo necesitan para paliar situaciones de pobreza». Según recalcó, llegará a 2.800 personas, en su mayoría parados de larga duración o de difícil encaje en el mercado laboral. «No se puede alcanzar la inserción social sin inserción laboral: son dos políticas activas imprescindibles y estas requieren de la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias, por ser el competente en materia de empleo, y los ayuntamientos, que gestionan los servicios sociales».
A su juicio, nunca ha habido una coparticipación entre estas administraciones como la que está habiendo en esta legislatura y destacó también el hecho de que, como novedad, en esta ocasión se pueda contratar durante 6, 9 y 12 meses, y no solo 6 meses, tal y como pasaba antes, así como que se deba incorporar al 30% de beneficiaros antes de que termine este año 2022. Para Brito, se trata de cambios en la línea correcta, por lo que agradeció al presidente Torres «su sensibilidad en materia social y de políticas de empleo, así como a la consejera de Economía por su disponibilidad para alcanzar el acuerdo más adecuado para los municipios».
Requisitos del programa
Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80 por ciento del Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples) por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio. También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50 por ciento de las personas contratadas serán mujeres, dado el desequilibrio que sigue existiendo hoy en día en el mercado laboral.
Las personas que estén interesadas en participar en el programa deben cumplir una serie de requisitos, con el fin de garantizar que las contrataciones cumplen con su finalidad principal, como es promover la integración social:
- Tener 18 años cumplidos y menos de 65.
- Estar inscritas como personas demandantes de empleo en el SCE.
- Figurar empadronadas en el municipio que realice el proyecto con una antigüedad superior a seis meses. Se podrá obviar la antigüedad mínima y el requisito de empadronamiento únicamente cuando queden puestos por cubrir o en los casos de personas víctimas de violencia de género.
Con el fin de que los 2.800 puestos de trabajo que se prevé financiar con cargo al programa tengan el impacto más transversal posible en la sociedad, se aplicará el criterio de rotación y no repetición, es decir, no haber participado en los últimos 12 meses en ninguna política activa de empleo ni planes de empleo social del SCE en que haya sido subvencionada la contratación de la persona desempleada, salvo que fuera por un periodo inferior a seis meses.
Asimismo, no podrá participar en el programa más de una persona por núcleo familiar, a no ser que, una vez satisfechas todas las solicitudes, queden plazas por cubrir en los proyectos subvencionables.
