En julio de 2024, Canarias ha superado los 2,2 millones de habitantes, sumando 20.082 nuevos residentes en el último año, según datos del INE
Santa Cruz de Tenerife.- En un archipiélago donde el espacio es limitado y la población crece sin cesar, Canarias enfrenta el desafío de equilibrar sus necesidades demográficas con la sostenibilidad ambiental y económica. La reciente propuesta de la Ley de Movilidad y la aprobación del decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda ponen de manifiesto los esfuerzos del Gobierno de Canarias por abordar estas cuestiones cruciales.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha de 1 de julio de 2024, Canarias ha sumado 20.082 habitantes en el último año, superando los 2,2 millones de residentes. Este incremento resalta la continua tendencia al alza en la población de la región, que ya se posiciona como la tercera comunidad autónoma con mayor densidad de población en España, solo superada por Madrid y el País Vasco.
Esta situación se agrava por el hecho de que un 42% del territorio está protegido, lo que limita aún más el espacio disponible para el desarrollo residencial y económico. La creciente demanda de vivienda, junto con un crecimiento poblacional proyectado que podría alcanzar los tres millones de habitantes para 2050, plantea un desafío sin precedentes para las infraestructuras y los servicios públicos de las islas.
La Ley de Movilidad propuesta busca abordar parte de estas preocupaciones, proponiendo un marco que mejore la eficiencia del transporte y la conectividad dentro del archipiélago, lo que es esencial para un desarrollo sostenible. La movilidad eficiente no solo es crucial para la economía y la vida diaria de los residentes, sino que también juega un papel significativo en la gestión de los recursos y el impacto ambiental.
Por otro lado, la reciente aprobación del decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda busca mitigar la presión inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes. Esta medida es un paso vital hacia la solución de uno de los problemas más acuciantes derivados del reto demográfico: la falta de vivienda asequible y adecuada para una población en crecimiento.
Sin embargo, como señalan los expertos, estas leyes por sí solas no serán suficientes para afrontar completamente el desafío. La contención demográfica y la sostenibilidad deben abordarse desde múltiples frentes, incluyendo la regulación de la migración, la innovación en las políticas de vivienda, y un enfoque más firme en el desarrollo sostenible. La propuesta de limitar la adquisición de segundas residencias y la necesidad de un análisis más detallado de la capacidad de cada isla para sostener un mayor número de habitantes son pasos en la dirección correcta.
La trascendencia de estas leyes y medidas para los habitantes del archipiélago Canario es inmensa. No solo afectarán la calidad de vida y la accesibilidad en servicios esenciales como la vivienda y el transporte, sino que también definirán el futuro desarrollo económico y ambiental de Canarias. Las discusiones habidas en el Parlamento Canario, hasta la fecha, reflejan una comprensión creciente de que el éxito de Canarias en el futuro depende de un enfoque equilibrado y sostenible que priorice tanto las necesidades de sus habitantes como la protección de sus valiosos recursos naturales.
La situación en Canarias es un recordatorio de la complejidad de los retos demográficos en regiones insulares y el imperativo de políticas innovadoras y sostenibles para afrontarlos. La evolución de estas discusiones y la implementación de las leyes propuestas serán cruciales para el futuro del archipiélago, demostrando la importancia de la acción gubernamental decisiva y la colaboración entre todos los sectores de la sociedad canaria.
