Santa Cruz de Tenerife.- La empresa Ecoembres ha pagado solo 154.000 euros de los 2.854.000 que ha costado, hasta ahora, la ampliación y automatización de la planta de clasificación de envases situada en el Complejo Ambiental de Arico. Es decir, «ni el 5% de la inversión», asegura el colectivo Foro contra la Incineración de Tenerife.
Ecoembres es una empresa sin ánimo de lucro que «ha conseguido lo que el Cabildo le negó en sus alegaciones al Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos (PTEOR), supuestamente en vigor desde 2009, pero que no se ha implementado en absoluto». La mismo se opuso a la construcción de las nuevas plantas de clasificación de envases en Santa Cruz, La Orotava y Arona (imprescindibles si se pretenden conseguir los objetivos que nos impone la Unión Europea evitando tránsito inútil de residuos de un lado para otro) y se mostró a favor de ampliar la de Arico. Asegura el Foro que con esa medida se reduce la mano de obra.
El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo, Javier Rodríguez Medina, no ofreció explicación alguna a los técnicos municipales que pusieron sobre la mesa esta cuestión. «Nadie explica el por qué de esta decisión, cuando ni un céntimo de dinero de las tasas se destinaba en el PTEOR a plantas de clasificación de envases, puesto que eso es asunto de Ecoembes, que es la única responsable de esa fracción por la que cobra directamente al ciudadano por vía distinta a las tasas».
También afirma el Foro contra la Incineración de Tenerife que el consejero se inhibió de responsabilidad alguna cuando en la misma reunión de la Comisión de Residuos solicitaron información sobre posibles reclamaciones por la deficiencias de la planta de tratamiento biológico o bioestabilizado a la empresa constructora. La misma fue ejecutada por el Gobierno de Canarias financiada con fondos europeos FEDER, pero «está parada desde 2017 por diferentes defectos que nunca fueron reclamados y de los que ahora se hace cargo el Cabildo». El consejero se limitó a señalar al Ejecutivo regional como responsable de dicha instalación.
Una directiva de la Unión Europea sobre vertidos obliga a tener dicha planta, «cuando no hay separación en origen, como es nuestro caso, dado que está terminantemente prohibido depositar residuos en los vertederos procedentes de recogida en masa (casi toda la que se hace en Tenerife es en masa) sin que previamente sean bioestabilizados, para evitar problemas ambientales en el entorno y en la salud de la población».
Desde el Foro contra la Incineración de Tenerife se advierte de que estos son temas susceptibles de ser trasladados a la Fiscalía Antinocrrupción, se afirma que el Parlamento Europeo tiene conocimiento de ello y se hace un llamamiento a los ayuntamientos de la Isla y para que «no sigan permitiendo que la tasa que religiosamente pagan los ciudadanos se siga dilapidando de esta manera en regalitos incompresibles a los Ecoembes».
