Las Palmas de Gran Canaria.- Un dispositivo especial del Cabildo y el Seprona de la Guardia Civil activado con motivo del inicio de la temporada de caza con escopeta inspeccionó a más de 60 cazadores, denunció a una decena e intervino seis escopetas por cazar cerca de propiedades privadas y públicas, senderos o pistas, es decir, incumplir la normativa en lo relativo al respeto a las zonas de seguridad.
Este operativo se llevó a cabo el primer y segundo día de caza, el domingo 13 de septiembre y el pasado jueves 18, integrado por agentes de Medio Ambiente del Cabildo en coordinación con los agentes del Seprona para luchar contra el furtivismo, velar por la fauna protegida y por el cumplimiento de la normativa cinegética relativa a zonas de seguridad para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, incluida la de los propios cazadores, dada la alta concentración en determinados puntos de las cumbres de la isla.
Así, el operativo de vigilancia, que se llevó a cabo tanto mediante vehículo a motor por pistas forestales como a pie monte a través en lugares inaccesibles, conllevó la inspección de la documentación que habilita para cazar, sea con o sin arma de fuego, las piezas de caza capturadas y las artes empleadas a algo más de setenta cazadores.
Además, fueron inspeccionados de manera selectiva vehículos para velar por la normativa de caza en cuanto al bienestar de los perros, lo que concluyó con la propuesta de sanciones para una decena de cazadores no solo por cazar cerca de propiedades, sino por transitar con perros sueltos por esas zona de seguridad, cazar con un número de perros superior al permitido, y cazar con hurón sin disponer de licencia de caza para ello, finalmente fue intervenida también una red empleada para capturar conejos silvestres.
Las denuncias interpuestas por los agentes de la autoridad, tanto del Cabildo como del Seprona, por presunta infracción de la Ley de Caza de Canarias serán remitidas todas al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria como órgano administrativo competente para incoar, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores.
Las cuantías pueden oscilar entre 150 a 3.000 euros, e inhabilitación para el ejercicio de la caza de 1 año, en los supuestos de infracciones menos graves, y de 1 a 5 años, en los supuestos de infracciones graves.
