El Cabildo presenta un recurso de nulidad para defender la continuidad de las obras del enlace de Las Chafiras

El recurso se interpuso basado en la indefensión que ha sufrido el Cabildo, en su condición de interesado, al no habérsele dado la oportunidad de personarse y defender la legalidad del proyecto en el proceso judicial tramitado entre los propietarios y el Gobierno de Canarias

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Presentación en su día del proyecto a pié de obra. Ferrovial-Agroman. NOTICIAS 8 ISLAS.
Presentación en su día del proyecto a pié de obra./ Ferrovial-Agroman.

Santa Cruz de Tenerife.- El Cabildo de Tenerife, a través de sus servicios jurídicos, ha presentado un recurso de nulidad en relación con las obras del enlace de Oroteanda en la autopista del sur de la isla, en Las Chafiras (San Miguel), para intentar que los trabajos continúen pese a la sentencia del Tribunal Supremo, ha explicado el presidente, Pedro Martín.

Aunque las obras han sido licitadas por el Gobierno de Canarias, el presidente aclara que se hace “por indefensión, al no habernos dado la oportunidad de personarnos en el procedimiento abierto entre el Gobierno de Canarias y los propietarios de los terrenos”.

Una vez que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación contra la sentencia originaria, el Cabildo Insular de Tenerife ha interpuesto un recurso de nulidad, al quedar abierta legalmente, a partir de esa declaración, la vía procesal que establece la Ley para denunciar la indefensión que ha padecido, al no habérsele dado la oportunidad de personarse y defender la legalidad del proyecto en el proceso judicial tramitado.

“Lo que se pide -explica Martín- es que se anule la sentencia, se retrotraigan las actuaciones y se dé a esta corporación la oportunidad de formular alegaciones y proponer las pruebas que procedan para acreditar la legalidad del proyecto”.

El presidente entiende que “se trata de una obra de muchísimo interés por la que la ciudadanía de la zona no puede seguir esperando, y desde el Cabildo hemos dado pasos para su celeridad a la hora de llevarla a cabo, prueba de ello es el convenio firmado con el Gobierno de Canarias para delegar en ellos la ejecución del tramo que nos correspondía, con una aportación de 5 millones de euros, con lo que facilitábamos la rapidez de los trabajos”.

Martín entiende que “como corporación debemos defender el interés público e intentar jurídicamente todo lo que esté en nuestra mano para que esa obra salga adelante, y más teniendo en cuenta que no se nos preguntó durante todo el procedimiento judicial, y ello sin negarnos al dialogo con las partes para llegar a acuerdos”.

 

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