Antonio Morales denuncia la traición del Partido Popular y la debilidad del PSOE para sacar adelante en el Congreso de los Diputados una norma que solucione la grave situación a la que se enfrentan las Islas
Las Palmas de Gran Canaria.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha urgido hoy a alcanzar un gran pacto de Estado que haga posible una reforma inmediata de la Ley de Extranjería, que posibilite la acogida solidaria por parte de todas las comunidades autónomas de las y los menores migrantes que llegan al Archipiélago, para quienes las instituciones canarias ya no disponen de infraestructuras ni de medios de atención suficientes.
«No podemos seguir generando infraestructuras y equipamientos para acoger indefinidamente a los menores que llegan hasta las Islas, porque el objetivo es que la acogida sea distribuida y que llegue a todos los rincones del Estado español. Y es ahí donde hay que hacer un especial esfuerzo en las próximas semanas», ha aseverado el presidente Morales. «Hay que llegar a un acuerdo, de manera decidida, para hacer posible que se pueda reformar la Ley de Extranjería y que, por tanto, las distintas regiones del Estado español acojan a menores, a los chicos y a las chicas que llegan aquí y que necesitan la tutela del Estado. El camino de la confrontación no resolverá nada e insto a llegar a un acuerdo lo antes posible, de lo contrario, la sangría de derechos humanos y de vidas será mayor».
Así, ha insistido en que «lo razonable es que se resuelva esta situación cuanto antes, para que podamos solucionar de una vez por todas esta necesidad de hacer una acogida distribuida, en las mejores condiciones, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de estos y estas menores».
Y es que Antonio Morales lleva meses clamado insistentemente por la puesta en marcha urgente de esa acogida solidaria de niños y niñas migrantes, ante el colapso de los medios canarios. Porque, tal y como ha sostenido siempre, «la errática, lenta y colonial política migratoria en Canarias por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea se ha apurado tanto, se ha llevado a un límite tan insostenible, que ha dejado un panorama seriamente preocupante, sin margen de error y al borde del colapso».
Un colapso que, como también ha lamentado, está costando vidas y ha generado una situación que, a su entender, se asume «como una realidad banal», en la que considera una reacción «inadmisible» por parte de las instituciones y que afecta especialmente al sistema de acogida de menores, «de niños y niñas en desamparo, que llegan solos, sin personas referentes adultas. Que colapsan los espacios de atención, son atendidos con medios precarios, en circunstancias anómalas, y desprotegidos de los derechos que los amparan. Que empiezan a ser piezas fáciles de las mafias de la prostitución. Que al cumplir los 18 años se ven en la calle, sin techo, sin futuro, y que son utilizados como arma arrojadiza para sembrar odios, racismo y xenofobia», ha descrito.
Traiciones y cobardías
Inmerso en este escenario, el líder del Gobierno de Gran Canaria se ha referido a la visita que ha girado a la Isla este mismo martes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la que ha manifestado: «Vamos a ver si el señor Feijóo no viene a Canarias a marear la perdiz y a no adquirir un compromiso con esta tierra, con su gente y, sobre todo, con los niños y las niñas que están aquí, que necesitan ser atendidos en las mejores condiciones y que, en este momento, las instituciones canarias no pueden hacerlo», ha insistido. «Vamos a ver si un partido que dice que es ‘un partido de Estado’ y que está para dar respuesta a las necesidades del Estado español se suma efectivamente y de una vez por todas a ese gran pacto absolutamente necesario».
A este respecto, el presidente Morales ha puesto el acento en el hecho de que esa modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería que reclama Canarias contaba con el apoyo unánime de todos los cabildos y los ayuntamientos, de las organizaciones sociales y de los grupos políticos, pero cayó en saco roto el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados. «La traición del Partido Popular -que en Canarias dice una cosa y en Madrid otra- y la cobardía del Gobierno de España para afrontar la redacción de un Decreto Ley que peleara por una mayoría en las Cortes españolas, hizo naufragar una medida que, de estar aprobada ahora, permitiría esbozar un escenario diferente. Menos lesivo, sin duda», ha lamentado.
Porque, a su juicio, «el PSOE y el PP están jugando una partida en la que Canarias no está siendo, ni siquiera, una pieza de intercambio. Con el juego colonial de sombras que están perpetrando mantienen entretenido el foco mediático, sin entrar en el fondo del asunto. Si esto ocurriese en cualquier otra comunidad autónoma de la Península, el asunto se habría diluido por la continuidad territorial», ha aseverado. «Están usando el aislamiento y la lejanía de Canarias para postergar la toma de decisiones, permitiendo a la sociedad isleña observar de forma clara y evidente que la distancia importa. Que la distancia es olvido y marginación. Que la distancia y el centralismo colonial, mediático, político y social, alejan y ocultan la realidad». En una postura que se ve agravada, tal y como ha denunciado, por «la inacción de la Unión Europea que parece estar volcada en el Mediterráneo y el Este».
Pero es que, además, ha hecho hincapié también en que a este panorama se ha sumado ahora lo que ha calificado como una «acción desesperada e inédita» del Gobierno de Canarias, que ha anunciado que la custodia policial es suficiente para la acogida de niños y niñas y que no abrirá las puertas de sus centros y exigirá que el menor esté filiado y con la edad determinada. Una media que, «no se ajusta a la realidad de la emergencia y que puede generar graves contratiempos en la cobertura de los derechos fundamentales de los supervivientes menores de edad», ha vaticinado.
Antonio Morales ha interpretado esta iniciativa como un órdago que lanza Coalición Canaria, pero ha incidido que «está obviando que cohabita en el Gobierno canario con quién impide la reforma en Madrid y que apoya en el Congreso de los Diputados a quien, de forma irresponsable, se resiste a reformar por Decreto Ley la norma que permitiría seguir progresando en la modificación del sistema de acogida».
En consecuencia, y aunque ha mantenido que «comparto la desesperación, la impotencia y el cabreo del Gobierno canario, aunque acoja la paradoja de que una parte de él sea absolutamente cómplice de lo que está pasando», ha dejado claro que no puede respaldar un cambio de actitud «que hace que lo que era válido y ajustado a derecho hace solo unas semanas ahora no lo sea, y que la consecuencia sea no acoger a ningún niño o niña, aunque lo necesite», ha concluido. «Las niñas y los niños no pueden verse perjudicados en esta estrategia de enfrentamientos».
