La consejera del área, Candelaria Delgado, mantuvo hoy una reunión online con la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en la que se abordaron aspectos clave en materia de servicios sociales e infancia
Santa Cruz de Tenerife.- La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto con sus equipos, mantuvieron hoy una reunión de trabajo online para mejorar la coordinación entre ambas administraciones y avanzar en aspectos clave en el área de servicios sociales y menores. Así, la responsable del Ejecutivo canario planteó la necesidad de vincular los aplicativos de la Renta Canaria de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital para mejorar la eficacia de ambas prestaciones además de la urgencia de modificar la legislación nacional para poder regular en la normativa canaria el complemento a los perceptores de pensiones no contributivas.
“Para poder avanzar en la implementación de un complemento a las pensiones no contributivas en Canarias, sin que implique un perjuicio para los perceptores, el Estado debe de abordar ya la reforma de la Ley general de la Seguridad Social”, aseguró la consejera regional de Bienestar Social, en el marco de una reunión de trabajo con la responsable estatal de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones. “Por tanto, hemos recordado al Estado que es indispensable afrontar cuanto antes la modificación de la normativa estatal para que el Ejecutivo canario pueda reglamentar el suplemento a la PNC, a lo que nos han respondido que están de acuerdo y que prevén abordar esta reforma próximamente”.
Delgado aclaró que Canarias está ya trabajando en la implementación del complemento a las pensiones no contributivas regulado en la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía pero, matizó, “para ello es necesario que el Estado dé los pasos oportunos para que esta medida se pueda hacer efectiva”.
En el transcurso de la reunión de trabajo también se trató la conveniencia de vincular los aplicativos de la Renta Canaria de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital, de tal forma que se genere una pasarela de información automatizada que, a su vez, se vincule con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Se trata de una medida que nos ayudaría a agilizar la tramitación de ayudas y a llegar mejor a las personas que más lo necesitan. Compartir información es fundamental para garantizar que el ingreso mínimo vital llega a los canarios y canarias que lo necesitan y, así, la renta canaria podrá actuar como complemento”, puntualizó Delgado.
A este respecto, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, aclaró que la Renta Canaria de Ciudadanía debe servir para complementar el Ingreso Mínimo Vital, “de tal forma que se garanticen unos ingresos más dignos que mejoren la vida de los canarios y las canarias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad”. En la actualidad, en Canarias en torno a unas 13.000 personas son beneficiarias de estas ayudas, lo que se traduce en un número mayor de hogares, ya que muchos de los perceptores son adultos con menores a cargo.
Para avanzar en esta propuesta, ambas instituciones se han emplazado a una comisión bilateral próximamente.
Además de estos asuntos, en el marco de este encuentro de trabajo, se abordó la demanda de Canarias de una partida de 100 millones de euros para sufragar los gastos de atención y acogida de los más 5.300 menores migrantes no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias.
A este respecto, la consejera regional de Bienestar Social, trasladó a la ministra la situación de emergencia en la que se encuentran las islas e instó a su departamento a abonar los 50 millones previstos para este año, así como la partida extra de 50 millones anunciada por el Gobierno central para compensar a las islas.
La directora de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, recordó que la crisis humanitaria que está viviendo Canarias es extremadamente compleja y que no quedan infraestructuras para habilitar más dispositivos de acogida. “Necesitamos recursos para atender a los menores, pero también que todas las comunidades autónomas trabajen de forma corresponsable y acojan a menores para que podamos garantizarles una integración completa”, precisó Rodríguez.
