SUMARIO:
- Pablo Rodríguez lamenta la baja ejecución de la inversión estatal en Canarias.
- Miranda califica el reto demográfico como “el mayor desafío que tiene Canarias en la actualidad”.
- Zapata: “La nueva Ley de Cambio Climático es la respuesta necesaria y valiente para el futuro de Canarias”.
Pablo Rodríguez lamenta la baja ejecución de la inversión estatal en Canarias
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado en sesión parlamentaria el bajo nivel de inversión del Ejecutivo central con las islas, situando al archipiélago como una de las comunidades que menos ingresos recibe.
“Estos incumplimientos han dejado numerosos proyectos en espera de financiación, agravando la situación de Canarias, que ya es una de las comunidades autónomas con menor inversión estatal. De hecho, en 2023, ocupaba el decimotercer puesto en el ranking de comunidades autónomas”, ha puntualizado Rodríguez.
Asimismo, el consejero ha detallado que “aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2023 contemplaban casi 391,87 millones de euros en inversiones reales para Canarias, en el capítulo 6, solo se ejecutaron unos 196 millones, es decir, menos del 50%”.
Además, ha añadido que, en el capítulo 7, que incluía transferencias de capital como convenios de carreteras, “de los 545 millones presupuestados, tampoco se ejecutaron en su totalidad”.
Pablo Rodríguez ha insistido en que “existen otras obligaciones del Estado que no se han cumplido adecuadamente con Canarias”.
En esta línea, ha destacado, por un lado, la actualización de los costes tipo del transporte marítimo y aéreo de mercancías, puesto que la normativa establece que se debe compensar el 100% de estos, pero “debido a la falta de actualización, las ayudas actuales son insuficientes y esto incrementa los costes para Canarias, una región ya afectada de por sí por su lejanía e insularidad”, ha apuntado.
Por otro lado, también ha hecho alusión a la gratuidad del transporte público colectivo terrestre, para la que se consignaron 81 millones de euros, “una cifra que no cubre el coste real del servicio y que, como consecuencia, obliga a las administraciones canarias, especialmente a los cabildos, a suplir esta insuficiencia para cumplir con el compromiso estatal, una situación que no es sostenible a largo plazo y que les resta financiación para poder afrontar sus competencias reales”, ha añadido Rodríguez.
Por ello, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias se ha solicitado, en reiteradas ocasiones, al Gobierno del Estado que “cumpla con sus obligaciones y realice las inversiones necesarias para apoyar el desarrollo y bienestar de Canarias”, ha finalizado Rodríguez.
Miranda califica el reto demográfico como “el mayor desafío que tiene Canarias en la actualidad”
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha calificado esta mañana el Reto Demográfico como “el mayor desafío a largo plazo que tiene el Archipiélago en la actualidad”, y ha celebrado que “esté ya en el centro del debate político y social en las Islas, porque exige tomar decisiones, proyectar y legislar pensando en los próximos quince o veinte años”. Miranda ha realizado estas manifestaciones en el marco de una comparecencia parlamentaria durante la que ha pedido, además, que “Canarias tenga un tratamiento diferenciado, por sus condicionantes geográficos y sociales”, y ha solicitado un “consenso político suficiente para afrontar el reto con garantías de éxito”.
Manuel Miranda ha recordado que Canarias ha aumentado su población de derecho en 572.000 habitantes, a un ritmo que duplica al del resto de España. Este crecimiento va acompañado de un índice de natalidad por debajo de la media del país, por lo que está sustentado, de forma mayoritaria, por personas llegadas de fuera del Archipiélago.
El consejero ha señalado que el aumento “es más acusado en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, y lo es menos en El Hierro, La Gomera y La Palma, isla en la que el crecimiento es negativo durante este siglo, la única de Canarias”, por lo que debemos “corregir entre todos esa situación de doble velocidad que vive el Archipiélago”.
Manuel Miranda ha lamentado que ese crecimiento “está generando tensiones en diferentes ámbitos”, pero ha destacado que “por primera vez un Gobierno autonómico está tomando medidas”. Por ejemplo, una línea de debate y trabajo liderada desde presidencia del Gobierno de Canarias con la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, surgida de la Conferencia de Presidentes celebrada en el mes de abril, y por la que cinco grupos de trabajo están diseñando propuestas de medidas, algunas de las cuales estarían incorporadas en los presupuestos de autonómicos de 2025.
Además, ha puesto en valor el encuentro con los alcaldes de los 47 municipios denominados Reto Demográfico (46 municipios no turísticos ni capitalinos con menos de 10.000 habitantes, y Santa Úrsula, en Tenerife). Miranda ha informado de que estos municipios ocupan el 35,9% de la superficie de Canarias, pero un 10,8% de su población, y “queremos que estén más cerca de los centros de toma de decisiones” y que vean a este gobierno “como un aliado de su desarrollo”. De esta reunión ha resultado el inicio de un trabajo interno a través de la Federación Canaria de Municipios que realizará también sus aportaciones al proceso.
Como ejemplo de las medidas ya en marcha, ha señalado la actualización de la Ley del Suelo, cuyo debate está ya en marcha, y que “incluirá la adaptación de la planificación territorial a la diversidad de las circunstancias de los municipios de Canarias”.
Por último, Manuel Miranda ha destacado el trabajo de la comisión parlamentaria en esta materia, “cuyas conclusiones serán incorporadas al proceso”, y ha pedido “consenso” y “valentía” para afrontar le necesaria planificación a largo plazo, “incluso llegando a plantear, por qué no, un cambio en nuestro estatus en Europa que dé cabida a medidas como la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros, que suponen un 30% en las Islas, o de residencia”.
Zapata: “La nueva Ley de Cambio Climático es la respuesta necesaria y valiente para el futuro de Canarias”
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, comparece en el Parlamento de Canarias para explicar los preceptos clave del decreto ley que modifica la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.
El consejero Zapata ha detallado que para poder cumplir los aspectos básicos de dicha normativa, centrados en acelerar la transición energética de las islas y favorecer su descarbonización, era necesario “adoptar nuevas medidas clave para la adaptación al cambio climático, corregir errores del pasado y posicionar a Canarias a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático”.
En este sentido, ha explicado que dichas medidas, enfocadas en última instancia hacia un futuro sostenible, están basadas inicialmente en “una obligatoriedad planteada por la Comisión Bilateral Canarias-Estado de modificar 11 de sus puntos, para cumplir con la legalidad y con la Ley estatal”, puesto que “había discrepancias e incompatibilidades que debían ser subsanadas”.
Por otro lado, el consejero afirmó que “la nueva ley es una herramienta dinámica que garantizará un futuro sostenible, simplificando trámites, generando empleo y protegiendo nuestro medio ambiente”.
En este sentido, destacó que dicha modificación es “fruto del consenso” explicando que “se han mantenido más de 50 reuniones de coordinación para “aportar soluciones reales, con decisiones valientes”. Apunta también que este decreto “mejora el anterior y ha tendido la mano a todos los agentes implicados, para que la normativa sea aplicable, efectiva y eficaz”.
“Estamos convencidos de que esta nueva normativa marcará un antes y un después en nuestra lucha contra el cambio climático y en la promoción de un desarrollo sostenible y resiliente”, apuntó Zapata.
Asegura también que dichas decisiones, basadas en evidencias científicas, con herramientas innovadoras, aseguran “coherencia y eficiencia”.
Destaca en este sentido la creación de las Zonas de aceleración de renovables, el aprovechamiento de espacios antropizados, la agilización de proyectos de adaptación a los efecto de cambio climático como olas de calor o subidas del nivel del mar, la exigencia de incorporar nuevas zonas verdes en los municipios de Canarias o la creación de un Plan formativo verde para “impulsar el empleo en sectores clave en el marco de esta transición”.
Finalmente, Zapata asegura que “esta ley no sólo combate el cambio climático, sino que transforma esta lucha en oportunidades para el crecimiento económico, la creación de empleo y la protección de nuestro entorno”. Todo ello para alcanzar el fin último de “lograr los objetivos de descarbonización que precisamente se decidieron en este Parlamento y avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible”.
