Santa Cruz de Tenerife.– El Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) al reconocer el derecho del sindicato mayoritario en las administraciones públicas de negociar, como sindicato más representativo además en el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, todas aquellas materias que afecten al personal del Ayuntamiento, que según fuentes de CSIF, «es un hecho que al no venir acostumbrado a tener que realizar el Ayuntamiento, obvio de forma grave».
Así, el sindicato CSIF presentó recurso de protección de derechos fundamentales contra la Resolución de fecha 21 de Mayo de 2021 dictada por el Concejal de Policía Local del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo de modificación unilateral de turnos, horarios y grupos de trabajo de la Policía Local del Municipio. El motivo del recurso, fue entenderse por CSIF que se estaba vulnerando los derechos de igualdad y de libertad sindical. El propio Ministerio Fiscal se mostró en todo momento conforme con lo que se alegaba desde los servicios jurídicos de CSIF, siendo el letrado Antonio Brito quién llevo el asunto.
Desde CSIF, a través de Javier Galván, vicepresidente provincial, se entiende que «ya el propio Tribunal Constitucional ha reiterado en innumerables ocasiones que el derecho a la negociación colectiva, el derecho a planteamientos de conflictos colectivos y el derecho de huelga, son derechos básicos que tenemos como sindicatos, pues de nada servirá al reconocimiento de la libertad sindical si se priva a los trabajadores y sus organizaciones de los principales medios de autotutela colectiva y acción sindical». Prosigue Galván alegando que «el instrumento de tutela judicial efectiva es la herramienta que nos sirve como sindicato para luchar contra los abusos que realiza la propia Administración, que en el caso de La Matanza, es obvio que desde que hemos llegado como sindicato, han empezado a ver que las decisiones sin contar con la participación de los representante de los trabajadores es un acto que atenta directamente contra los principios más básicos constitucionales». Añade Galván que, «en la propia sentencia se recoge de forma clara que ya el propio asesor de CSIF en la mesa había advertido al Ayuntamiento sobre su obligación de negociar con CSIF como sindicato mayoritario».
Por último, desde CSIF se advierte sobre la preocupación mayúscula que se tiene con respecto a las prácticas que se llevan a cabo en tal Ayuntamiento, entre ellas, la limitación de derechos básicos a los empleados en materias tan normales como es el tener asuntos propios o que se les reconozca el derecho a ser estabilizados en sus puestos de trabajo tras ser casi el 100% del Ayuntamiento empleados con carácter temporal.
