Las Palmas de Gran Canaria.- La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha afeado este lunes al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) que utilizara un procedimiento de emergencia aprovechando el fin del estado de alarma para la adjudicación de un contrato de un millón de euros para ayudas de alimentos.
“La rapidez en la tramitación de este contrato, por la vía de urgencia, contrasta con los cuatro, cinco y hasta seis meses que este Ayuntamiento llega a tardar para dar una cita previa para la tramitación de una de esas ayudas”, explica la portavoz del PP, quien lamenta que no se realizara una adjudicación en función de un concurso en el que todas las empresas del sector pudieran presentar una oferta.
“Nos parece bien que se dedique un millón de euros a este fin, es más, es necesario disponer de cuantos recursos sean necesarios porque la situación en la calle es límite”, explica la edil del PP, quien recuerda que las ayudas de emergencia aumentaron un 117,85% en 2020 frente al año anterior, a causa del COVID-19 y sus consecuencias sociales.
Según el Ayuntamiento en una resolución firmada tres días antes del fin del estado de alarma, la explicación para haber elegido a una gran cadena de alimentación, frente a otras, es el número de establecimientos que existen en el municipio, “disponiendo así de cercanía a la población del municipio”.
Sin embargo, desde el PP –quienes precisan que el problema no está en la empresa adjudicataria, sino en el procedimiento empleado por el Ayuntamiento- añaden que lo normal “sería haber usado el tiempo desde el comienzo de la pandemia para poner en marcha las denominadas tarjetas monedero, que permiten comprar no solo en grandes cadenas, sino también en pequeñas tiendas de barrio”.
“Nos decían que estar tarjetas de alimentos eran estigmatizantes para sus usuarios y sin embargo vemos cómo siguen usando el mismo sistema”, continúa la portavoz del PP, que advirtió del criterio “cambiante” del grupo de gobierno a la hora de utilizar estos procedimientos de emergencia.
“Precisamente hace unos meses pedimos que se declarara la emergencia social en el municipio para, por ejemplo, reforzar al personal de Servicios Sociales, que no puede más, pero vemos que para nuestro asombro se usa este criterio para algunas cuestiones y para otras no”, finaliza la portavoz popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
