El auto que levanta las restricciones al servicio del taxi en LPGC es una “bofetada sin precedentes”

El auto de la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 asegura que el Ayuntamiento no justifica “en ningún lado” que las medidas de restricción de la oferta de servicio de taxi que han establecido sirven para proteger la salud pública

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Las Palmas de Gran Canaria.- La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha calificado de “bofetada sin manos” al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) el auto conocido el pasado jueves de la jueza del Juzgado de la Contencioso Administrativo número 4, que levanta las restricciones a la oferta del servicio del taxi en el municipio.

“Una vez más vemos cómo la gestión que se hace del sector del taxi es pésima”, explica Luzardo, quien recuerda que el Ayuntamiento mantenía hasta el jueves pasado una limitación del 50% de la flota al día, saliendo una jornada las licencias pares y al siguiente las impares, de tal forma que estos profesionales trabajaban únicamente la mitad de la semana.

“El auto es demoledor y usa argumentos tan contundentes que es como para que el Concejal de Movilidad, su asesor y el propio Alcalde hagan las maletas y se marchen. El primero de ellos es que no se justifica en ningún sitio de las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento que restringir la oferta de servicio de taxis es una medida de protección de la salud pública”, explica la edil del PP.

En este sentido, la jueza se pregunta cómo es posible que se restrinja la oferta de servicio del sector del taxi y sin embargo la oferta de Guaguas Municipales, donde hay mayor riesgo por tratarse de un medio colectivo, opere al 100%, tal y como expresa el pronunciamiento judicial conocido a finales de la semana pasada y que habilita a trabajar desde la semana pasada a la flota tal y como lo hacían antes de la pandemia.

“Lo peor es que uno de los argumentos utilizado por el propio Ayuntamiento es que la medida de limitar la flota de taxis al 50% no generaría perjuicio económico”, continúa la líder del PP en Las Palmas de Gran Canaria, y que si así fuera, “el ayuntamiento podría indemnizarles”. El auto plantea cómo puede el ayuntamiento jugar con el dinero público de esa manera. “La jueza establece que sí se produce perjuicio económico y que ni siquiera hace falta que los taxistas lo demuestren, abriendo la puerta a una cadena interminable de reclamaciones económicas”, concluye la portavoz del PP.