Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias pide que se valore adecuadamente la experiencia en centros públicos de Canarias en el nuevo sistema de listas de sustitución. El sindicato con más representación en el sector docente no universitario considera que los años de servicio en la enseñanza pública deben baremarse para ordenar la posición de los integrantes en cada una de las especialidades y que se ha de estabilizar a los docentes que llevan tres años o más en situación de interinidad.
Las centrales sindicales se reunieron ayer con la Consejería de Educación para abordar este asunto y el próximo proceso de adjudicación de destinos en el marco de una mesa técnica.
Los sindicatos llevan más de una década pidiendo a la Administración que dé estabilidad al profesorado interino y sustituto. Por ello, la central sindical valora que la Consejería de Educación haya iniciado el proceso de negociación para derogar el Decreto 74/2010, de constitución de listas de empleo docentes. «Es urgente adoptar un modelo justo y garantista de listas de sustitución. Necesitamos tener a los mejores profesionales y darles estabilidad», precisa Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
El porcentaje de profesorado interino en Canarias se ha incrementado durante los últimos años como consecuencia de la crisis económica de 2008 y la escasez de ofertas de empleo público. En algunas especialidades su presencia supera el 40%, según estimaciones del sindicato. Muchos de estos profesionales han permanecido en puestos de interinidad por periodos excesivamente prolongados. En una primera valoración, ANPE propone que se estabilice a los que lleven tres años o más trabajando, en vez de cinco, como propone la Administración, al tiempo que se convoquen oposiciones para suplir las jubilaciones que se producen cada año.
No obstante, para conocer la opinión de todo el profesorado, ANPE Canarias está realizando una encuesta al profesorado interino. Sus resultados serán trasladados a la mesa técnica que se celebrará la próxima semana.
Por otro lado, el sindicato ha solicitado a la Consejería de Educación que elabore un informe jurídico donde analice el alcance las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con respecto a la situación de los empleados públicos «en fraude de ley». La organización considera que debe hacerse un análisis pormenorizado de la aplicación de estas sentencias -que abogan por la estabilización de profesionales que llevan años sin poder optar a una plaza fija- en las distintas especialidades del sistema educativo canario.
