Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias alerta de que restringir la formación de adultos pone en riesgo a las personas más vulnerables. El sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria de las islas denuncia que la nueva normativa aprobada por la Consejería de Educación limita el tiempo de permanencia en la Formación Básica Inicial (FBI), unas enseñanzas que conceden una segunda oportunidad a quienes no pudieron estudiar en su momento.
La orden de 27 de octubre de 2021 que establece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y los Centros de Educación a Distancia (CEAD) en la Comunidad Autónoma de Canarias limita el tiempo que puede permanecer matriculado un adulto, que no podrá permanecer en esta enseñanza más de cuatro años (podrán ser cinco, en casos excepcionales, debidamente justificados). Esta medida, según datos proporcionados por los propios centros para la formación de personas adultas, afectará a cerca de 5.000 adultos que cursan Formación Básica Inicial en Canarias en estos momentos. «Nos oponemos tajantemente a que la formación tenga fecha de caducidad para quienes más la necesitan para mantenerse activos y desenvolverse en la sociedad tan compleja y cambiante como la actual», denuncia Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Según datos recopilados por la central sindical, casi el 64% de la matrícula de estos centros corresponde a mujeres que no pudieron estudiar en su momento -se casaron pronto, tuvieron que emigrar o hacerse cargo de sus familias-. «Es verdad que este perfil del alumnado no busca titular, sino contar con herramientas con las que desenvolverse en una sociedad digitalizada que obliga, cada vez más, a actualizarse. Sin ellas, nuestros mayores corren el riesgo de ser excluidos de una sociedad muy exigente tecnológicamente y de sufrir enfermedades neurodegenerativas antes de tiempo. Tenemos una deuda con ellas y ellos y debemos cumplirla», advierte Crespo.
Además de mujeres, los CEPA también acogen a alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado derivado de los servicios sociales municipales (en algunos casos, en riesgo de exclusión social), alumnado de los centros penitenciarios y alumnado extranjero con dificultades de integración a causa del idioma. En concreto, tres de cada diez alumnos de los CEPA de las Islas son extranjeros.
Por todo ello, ANPE Canarias se suma a las demandas de los docentes que trabajan en la enseñanza para adultos y comparte lo manifestado por los directores y directoras de estos centros en un escrito difundido recientemente. «Estas personas acceden al sistema educativo para alcanzar una formación básica que les ayude a desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado. Lo hacen con el acompañamiento docente, a través de un currículo flexible, adquiriendo competencias en las diferentes ramas del conocimiento, incluida la alfabetización digital o las enseñanzas de idiomas, que en su momento la vida no les permitió adquirir. La socialización y el desarrollo personal y cultural son elementos transversales importantísimos dentro de los elementos curriculares propios de las enseñanzas de personas adultas».
ANPE insta a la Consejería a buscar alternativas para este alumnado y a no permitir que se vea abocado a la exclusión. Asimismo, recuerda que antes de tomar cualquier decisión que afecte a la comunidad educativa en su totalidad, la Administración debe negociar estas modificaciones con los representantes del profesorado, algo que no ha ocurrido en esta ocasión.
