ANPE reclama a Educación que atienda los retos estructurales de la enseñanza una vez superada la emergencia sanitaria

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Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife./ Google Maps.
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife./ Google Maps.

Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias reclama a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que atienda los retos estructurales de la enseñanza canaria una vez superada la emergencia sanitaria. El sindicato con más representación en el sector docente no universitario sostiene que, una vez que todo parece indicar que se ha superado la emergencia sanitaria -aunque la enfermedad permanezca-, ha llegado el momento de analizar las asignaturas pendientes.

La central sindical valora el aumento de la plantilla anunciado por la Consejería para el próximo curso en 1.600 docentes más con respecto al curso 2019/20, pero reclama que este incremento forme parte de una estrategia más ambiciosa a medio plazo. Aunque se trata de un paso necesario hacia el objetivo de corregir el déficit estructural de plazas en la enseñanza pública del Archipiélago, ANPE advierte de que se debe consolidar a través de la elaboración de un plan plurianual de reducción de las ratios de estudiantes por docente.

«Este curso, las buenas noticias han venido fundamentalmente de la mano del aumento de plazas docentes Los incrementos llevados a cabo los dos últimos años por el covid y el anunciado la pasada semana por la Administración educativa para 2022-2023 nos colocan sin duda en el buen camino. No obstante, insistimos en que el descenso de las ratios debe extenderse a todos los centros y etapas educativas. Además, debe planificarse en el tiempo, fijándonos objetivos alcanzables que mejoren la calidad de la enseñanza que impartimos en el sistema público. Ello, además, sin olvidarnos de que la enseñanza pública de las Islas adolece también de otros problemas recurrentes, algunos de los cuales se han agravado este curso», sostiene Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

ANPE también destaca como aspecto positivo este curso la respuesta de la Administración ante la erupción volcánica en la isla de La Palma, que permitió aumentar la dotación de docentes volantes, tal como demandaba la comunidad educativa.

En el otro lado de la balanza, la central sindical sitúa como aspectos negativos la carga burocrática soportada por el profesorado, la incorrecta gestión de las sustituciones, la escasez de personal administrativo en la Consejería, los problemas en la implantación de las nuevas leyes educativas y la falta de personal en los comedores de gestión directa, entre otros asuntos. Asimismo, ha apuntado problemas en las oposiciones al Cuerpo de Maestros, dificultades para obtener el máster por parte de docentes en activo y futuros docentes y un retraso inaceptable en la aprobación de los currículos.

Oposiciones al Cuerpo de Maestros

En relación a las oposiciones al Cuerpo de Maestros, que comenzaron el pasado sábado, ANPE critica el plazo excesivamente corto, de solo siete días, que tienen los tribunales para corregir las pruebas. El sindicato sostiene que es demasiado trabajo para el número de docentes que conforman los tribunales, lo que puede generar errores en las correcciones y, por consiguiente, inseguridad en las personas aspirantes y una cantidad de reclamaciones más elevada de lo normal. «Valoramos que este curso se haya nombrado y formado con más tiempo a los miembros de los tribunales, pero exigimos que este plazo se amplíe y se dote de seguridad al procedimiento», señala Víctor González, vicepresidente de ANPE Canarias.

Según los datos recopilados por los liberados de ANPE a pie de tribunal, a las oposiciones de este año se han presentado cerca del 80% de los aspirantes inscritos. 

Máster del profesorado

Otra de las preocupaciones de ANPE es la situación del grupo de aproximadamente 200 docentes que está trabajando interinamente en centros de las Islas sin tener la titulación de formación pedagógica y didáctica de posgrado, en virtud del decreto ley de medidas urgentes del año 2020 que lo permitió de manera excepcional. Con la desaparición de las circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia, se volverá a exigir el correspondiente máster universitario, o equivalente, lo que implica que estos docentes deben obtenerlo a la mayor brevedad posible para poder continuar trabajando en la enseñanza pública.

Dadas estas circunstancias, y ante la necesidad de que se garanticen plazas públicas suficientes en la formación de posgrado requerida, ANPE reclama a la Administración educativa que medie con las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria para que oferten el próximo curso el máximo de plazas permitidas y reclamen al Consejo de Universidades que autorice modalidades semipresenciales y a distancia, con el fin de permitir cursar el máster a docentes que tienen destino en islas no capitalinas.

«No es aceptable que los futuros docentes se vean obligados a matricularse en universidades privadas porque el sistema público no cumple con sus expectativas. Las plazas deben incrementarse de manera urgente. Es algo que compete a las universidades, pero también a la Consejería y al Gobierno autonómico, que deben proporcionarles los recursos necesarios para afrontarlo», subraya Marta Hernández, secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias.

Burocracia

Respecto a las labores burocráticas que debe realizar el personal docente, la organización sindical denuncia que, lejos de reducirse, continúan aumentando, lo que va en detrimento de su verdadera función, la enseñanza, y, por tanto, de la calidad educativa y la formación del alumnado. En este sentido, insiste en que es urgente liberar al profesorado de la tarea de gestionar las ayudas y becas de otras administraciones.

Falta de personal administrativo

En cuanto a los comedores de gestión directa, el sindicato recuerda que durante todo el curso ha habido problemas por las continuas bajas y reclama que, aunque no sea competencia de la Consejería de Educación, se garantice la correcta dotación de recursos humanos. 

Del mismo modo, señala que debe incrementarse el personal que desarrolla labores administrativas en los servicios generales del departamento autonómico de Educación, ya que no hay suficientes profesionales para atender todos los procedimientos que afectan a los más de 25.000 docentes en activo.

Nuevas leyes educativas y currículos

La central sindical muestra, asimismo, su decepción con la implantación de las nuevas leyes educativas, ya que tanto la LOMLOE como la ley de FP han entrado en vigor sin que se haya formado adecuadamente al profesorado. Además, a pesar de las reiteradas advertencias del sindicato, la ley de FP llega sin que se hayan resuelto los problemas estructurales que afectan a estas enseñanzas, entre los que destacan la falta de recursos materiales, la ponderación de horarios (que da pie a la concentración de la mayor parte de las horas lectivas del profesorado en los dos primeros trimestres del curso) y las dificultades de los centros no integrados para recibir donaciones de material de empresas.

Además, critica que a falta de dos meses para que se inicie el nuevo curso todavía no se hayan publicado los currículos educativos.

 

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El sindicato valora el incremento de plantilla anunciado recientemente por la Consejería, pero exige un plan plurianual de reducción de ratios.
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