Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias se opone a que se inicie la vacunación del alumnado de 5 a 11 años en centros educativos públicos de las Islas. El sindicato con más representación en el sector docente no universitario del Archipiélago denuncia la falta de diálogo por parte de la Consejería de Educación, cuya titular, Manuela Armas, anunció ayer que se baraja que el proceso de inmunización se inicie de forma piloto en algunos colegios sin haber negociado ni informado de esta decisión al profesorado.
La central sindical había reclamado desde hace semanas que la vacunación de los niños se llevara a cabo preferentemente en instalaciones sanitarias o habilitadas para ello y no en los centros educativos. A su juicio, desde el punto de vista logístico es más oportuno que la inmunización de los menores de 5 a 11 años se realice en espacios acondicionados para ello, como los vacunódromos, tal como se ha hecho con el resto de la población. Sin embargo, algunos medios de comunicación han anunciado que las consejerías de Educación y Sanidad ya han acordado iniciar el proceso de inmunización en algunos centros educativos de forma piloto e ir extendiendo la vacunación a otros centros si el proceso tiene éxito.
A pesar de las implicaciones que este procedimiento puede tener para el profesorado y sus condiciones laborales, ANPE denuncia que la Consejería de Educación no ha negociado la decisión con los sindicatos. «Nos parece que tomar una decisión así de forma unilateral demuestra una falta de consideración hacia el profesorado, que ha realizado un trabajo encomiable desde el inicio de la pandemia. Además, en muchos centros educativos se están viviendo situaciones caóticas estos días por la falta de previsión ante la avalancha de bajas del profesorado. Creemos que el colectivo docente se merece que se valore mejor su trabajo», subraya Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
El sindicato recuerda a las consejerías de Sanidad y Educación que este procedimiento debe estar liderado y gestionado en su totalidad por personal sanitario y que, si se recurre a las instalaciones educativas, la vacunación nunca deberá coincidir con la jornada escolar y los padres o tutores legales deberán estar presentes ante la posibilidad de que se produzca cualquier reacción o efecto adverso.
Asimismo, la organización se niega rotundamente a que el profesorado tenga que tramitar autorizaciones de todas las familias, algo complejo de gestionar, más aún en centros con una matrícula elevada.
«No hay que olvidar, asimismo, que puede haber conflictos con estas autorizaciones en familias con progenitores separados, lo que ocasionaría problemas añadidos para el colectivo docente. Entendemos que bajo ningún concepto un centro educativo debe encargarse de gestionar los permisos de vacunación, es un tema extremadamente delicado del que deben encargarse las autoridades sanitarias», señala Crespo.
Además, ANPE advierte de que la protección de datos del alumnado vacunado y no vacunado es más difícil de garantizar si el alumnado se vacuna en un centro educativo que en un vacundódromo. «Tememos que los alumnos que no se vacunen puedan ser estigmatizados por este hecho y ello derive en problemas entre los compañeros de aula y las propias familias. Acometer la vacunación en los centros educativos no garantiza la confidencialidad de la inmunización y puede dar lugar a situaciones complicadas de gestionar por el profesorado», advierte Crespo.
