Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias pide a la Consejería que convoque a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial para hacer balance del inicio del curso y abordar los retos pendientes para los próximos meses. El sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria del Archipiélago reclama a Educación que retome las negociaciones con las organizaciones este mismo mes y que fije un calendario de negociaciones en el que tratar, entre otros asuntos, la implementación de un plan de reducción de la carga burocrática en los centros educativos.
La central sindical recuerda que el propio Consejo Escolar de Canarias elaboró en 2018 un informe – «Estudio de las tareas de gestión docente en centros no universitarios de Canarias» – en el que se detallaba la multiplicidad de tareas que debía abordar un docente y planteaba medidas para reducir ese exceso de carga administrativa. A pesar de la unanimidad en torno a este tema, ANPE lamenta que ningún equipo de los que ha pasado por la Consejería haya hecho nada al respecto.
«Confiamos en que esta consejera y su equipo se decidan a solucionar un problema que afecta mucho más de lo que se piensa a la calidad de la enseñanza pública y que tiene soluciones asumibles por la Administración. Repensar las tareas de gestión docente es una urgencia para la escuela pública, pero también para toda la sociedad», señala Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
La proliferación de leyes orgánicas de Educación en España ha generado inestabilidad normativa y ha incrementado el conjunto de acciones y trámites que debe asumir el profesorado. Desde hace años, ANPE ha denunciado la excesiva burocratización que ha experimentado la enseñanza pública y su efecto directo en la calidad de la docencia. Además, a este aumento de normativa hay que añadir los profundos cambios sociales y económicos que en los últimos tiempos ha experimentado la sociedad, lo que ha derivado en nuevas demandas y necesidades sociales de las familias que ha tenido que asumir una plantilla docente insuficiente.
«La comunidad educativa ha hecho su parte: analizar la situación y plantear propuestas de mejora. La Administración debe priorizar este asunto, porque es fundamental para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la formación del alumnado. La escuela pública necesita que se incorporen otros perfiles profesionales que den respuesta a estas situaciones», concluye Crespo.
