Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias pide a la Consejería de Educación que «pise el acelerador» y resuelva los problemas estructurales que arrastra la enseñanza pública en las islas. El sindicato con más representación en el sector docente no universitario del archipiélago considera que, de cara al nuevo curso escolar que comienza hoy, es necesario consensuar un calendario de negociaciones entre la Administración y los sindicatos que permita corregir los déficits del sistema educativo en el primer curso de «normalidad» tras la pandemia de Covid-19. Entre estos retos figuran ampliar a más cursos la reducción de las ratios alumnado docente, disminuir la burocracia, incrementar las plantillas de personal no docente encargado de la gestión de procedimientos y becas del alumnado y aumentar las plazas públicas para cursar el máster del profesorado.
Con respecto al personal docente, ANPE entiende que es prioritaria la elaboración y puesta en marcha de una hoja de ruta para profundizar en la reducción de las ratios alumnado-docente y extenderla a todos los cursos y etapas de la enseñanza pública no universitaria de Canarias. La central sindical valora el acuerdo marco de mejora de las plantillas docentes alcanzado este verano, fruto de la negociación entre la Consejería de Educación y la representación del profesorado, y recuerda que el documento, además de recoger diferentes medidas que permiten rebajar el número de estudiantes por docente en algunos cursos, incluye una cláusula mediante la que la Administración educativa se compromete a estudiar, en el marco de la comisión de seguimiento del propio acuerdo, la viabilidad de un plan de reducción generalizada de las ratios a medio plazo.
«Aunque hubiésemos preferido que tuviera un alcance aún mayor, la mejora de plantillas acordada con la Consejería supone un paso muy importante para empezar a corregir el déficit estructural de plazas. No obstante, es necesario ir más allá y pensar en el futuro; para ello, entendemos que es indispensable que se active la cláusula que abre la puerta a la negociación de un descenso general de ratios en el conjunto del sistema a lo largo de los próximos años», sostiene Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
La aplicación del acuerdo marco firmado por los sindicatos con la Administración autonómica consolida la reducción de ratios aplicada el curso pasado en primero y segundo de Bachillerato (de 35 a 30 alumnos por aula) y en primero de ESO (de 30 a 27) y suma una nueva: la de segundo de ESO (también de 30 a 27). Mantiene, asimismo, la eliminación de los grupos mixtos en el tercer ciclo de primaria.
Para ANPE, la extensión de este descenso de ratios al resto de cursos es un objetivo fundamental para mejorar la calidad del sistema educativo de las Islas y su papel promotor de la igualdad de oportunidades. La organización sindical recalca que la disminución del número de estudiantes por docente es una de las herramientas más efectivas para mejorar la atención a la diversidad y está directamente asociada con la movilidad social ascendente.
Asimismo, ANPE Canarias pone el acento sobre las excesivas tareas burocráticas que se siguen asignando al profesorado en menoscabo de su función docente, y demanda a la Administración educativa que ponga en marcha medidas que permitan reducirlas, particularmente las que tienen que ver con la gestión de ayudas y becas de otras administraciones al alumnado.
Otro aspecto que preocupa a la organización sindical es la falta de personal administrativo de la que sigue adoleciendo la Consejería de Educación. A su juicio, la insuficiente dotación de personal en esas labores ralentiza la tramitación de los procedimientos que afectan al colectivo docente y al conjunto del sistema público de enseñanza de las Islas.
De igual forma, ANPE reclama que se asegure la oferta de plazas públicas suficientes para cursar el máster del profesorado en las universidades canarias, dado que año tras año se queda fuera la gran mayoría de las personas preinscritas. En este sentido, recuerda que las juntas de personal docente de las dos provincias del Archipiélago han solicitado la convocatoria de una mesa sectorial para abordar este déficit de plazas, lo que pone de manifiesto la inquietud que existe entre el profesorado en relación con este asunto. El déficit de plazas públicas obliga a los futuros docentes a matricularse en universidades privadas, lo que supone un sobrecoste injusto y difícil de asumir por todo el colectivo.
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