ANPE denuncia el inicio del proceso de vacunación en los centros educativos sin negociación previa

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Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias denuncia que la Consejería de Educación ha iniciado el procedimiento para poner en marcha la vacunación en al menos 16 centros educativos de Canarias- 8 en Tenerife y 8 en Gran Canaria- sin negociar con los representantes de los trabajadores. El sindicato con más representación en el sector docente no universitario de las Islas alerta de la carga burocrática y la responsabilidad que supondrá para el profesorado gestionar las autorizaciones de los menores y la organización del procedimiento, algo que ya ha ocasionado problemas en otros territorios, como en Valencia, donde unos padres denunciaron que se había vacunado a su hijo sin consentimiento, y en Mérida, donde una menor aseguró que había recibido dos dosis de vacuna el mismo día.

La organización lamenta, asimismo, que la Administración no haya comunicado a las organizaciones sindicales el inicio de este programa piloto, del que se ha informado a través de los medios de comunicación y de los centros participantes. Los equipos docentes implicados ya están solicitando a las familias que envíen las correspondientes autorizaciones para que sus hijos sean inmunizados, paso previo a la vacunación. «La Consejería debe tener en cuenta a los sindicatos, porque se trata de medidas que afectan al profesorado y, por tanto, deben ser negociadas», subraya Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias. 

La central sindical ha manifestado en todo momento su oposición a que se lleve a cabo la vacunación en centros educativos durante el horario escolar. ANPE recuerda que en los colegios, donde está escolarizado el alumnado que se va a vacunar ahora (5-11 años), hay grupos de Infantil y Primaria donde no se lleva mascarilla, grupos de Educación Especial donde tampoco se lleva mascarilla y grupos de Primaria que son «burbujas». «Se tendrían que preparar espacios amplios para vacunar y salas de espera para el seguimiento. Además, suponemos que muchos padres o tutores legales querrán acompañar a sus hijos. Entendemos que es mucho más sencillo hacerlo en espacios que ya están habilitados para ello, como los vacunódromos», destaca Crespo. 

Además, ANPE insiste en que es previsible que la vacunación genere problemas con las autorizaciones de los progenitores. «Cuando un padre lleva a su hijo a vacunar a un vacunódromo o a un centro habilitado para ello autoriza la vacunación con su presencia. Sin embargo, un centro educativo debe pedir autorizaciones a las familias para ello. ¿Qué pasará cuando los padres no presenten en tiempo y forma esas autorizaciones? ¿Y en los casos de progenitores separados que no tengan la misma opinión sobre si su hijo debe o no vacunarse? ¿Qué prevalecerá? ¿Qué debe hacer el docente?», añade Crespo. 

Por último, mantener la confidencialidad del alumnado vacunado y el alumnado no vacunado será una tarea compleja. «Muchos padres y docentes nos han trasladado que temen la estigmatización de los niños que no se vacunen contra la covid-19, ya que, aunque la información sea confidencial, si se vacunan en el colegio y en horario lectivo será fácil identificar qué menor se vacuna y cuál no», advierte Crespo.  

En definitiva, ANPE considera que ya que se han habilitado espacios para la vacunación masiva de la población, llevar estos procedimientos a los colegios, en horario escolar, no es una idea acertada. «Los colegios están teniendo muchos problemas para mantener la actividad lectiva habitual porque hay muchas bajas por la variante ómicron y los protocolos no permiten mezclar grupos, por ejemplo. Presionar más al colectivo docente, que ha hecho un trabajo encomiable durante toda la pandemia, es un error, pero es que, además, es innecesario», concluye Crespo.

 

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ANPE denuncia el inicio del proceso de vacunación en los centros educativos sin negociación previa
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ANPE denuncia el inicio del proceso de vacunación en los centros educativos sin negociación previa
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El sindicato alerta de que ya se ha empezado a obligar a los docentes a solicitar las autorizaciones del alumnado de 5 a 11 años, algo que ha ocasionado problemas en otros territorios.
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