Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias pide a la Consejería de Educación y al Ministerio que doten de recursos humanos y materiales suficientes a la Formación Profesional (FP) para afrontar con garantías la aplicación de la nueva ley. El sindicato con más representación en el sector docente no universitario del Archipiélago considera que la norma es una oportunidad para impulsar estas enseñanzas, pero solo si viene acompañada de una verdadera apuesta por parte de las administraciones competentes.
La nueva ley de Formación Profesional sorteó esta semana su último trámite parlamentario. El Senado aprobó de forma definitiva la norma sin introducir modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. Una de las novedades de la ley es que aúna la Formación Profesional educativa y la Formación Profesional para el empleo en un único sistema. Además, la norma recoge una mayor presencialidad del alumnado en las empresas. Para ello, todos los ciclos formativos tendrán carácter dual, es decir, una parte de formación se impartirá en las aulas y otra en los centros de trabajo.
«Se trata de una buena noticia, porque es imprescindible que logremos mejorar y dinamizar más la relación entre empresa y FP. Sin embargo, nos preocupa que se lleve a cabo una posible reducción horaria de los módulos de cada ciclo para cumplir con la ampliación de la dualidad en todos los ciclos formativos y que esto implique que se otorguen competencias de carácter académico a los tutores de empresa y a las propias empresas, tareas que para nuestro sindicato solo pueden llevadas a cabo por el profesorado y en los centros de Formación Profesional», señala Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Además, el nuevo sistema que plantea esta nueva ley da una mayor flexibilidad a la formación de los trabajadores a lo largo de su vida laboral, pero exige cambios en los centros. Muchos de los actuales centros de FP son institutos de enseñanza secundaria (IES) y no tienen capacidad para materializar todo lo que la ley contempla. ANPE entiende que los centros integrados de FP sí que tienen la capacidad humana y recursos para hacerlo, por lo que deben potenciarse. Además, reclama expresamente a la Consejería que no cierre centros en los que haya demanda de alumnado.
Para poder atender las nuevas demandas formativas, ANPE considera que debe incrementarse el número de tutores de FP Dual. «En este tipo de formación debe garantizarse que las empresas también ofertan formación durante la estancia del alumno y que no hay un abuso de incorporación de alumnos frente al total de la plantilla de trabajadores de una empresa», señala Crespo.
Por supuesto, la organización sindical destaca que todo esto debe partir de una premisa: para dignificar al profesorado de FP hay que equiparar sus condiciones laborales y retributivas a las del resto de docentes, algo que ahora mismo no sucede. «Debe garantizarse que todo el profesorado técnico de FP cuenta con las mismas asignaciones salariales, ya sea porque han tenido la posibilidad de acceder al grupo de Profesores de Enseñanza Secundaria (A1) o porque se les ha compensado económicamente. A igual trabajo, igual retribución. Esto se solucionaría si se desarrollara el Estatuto Docente, en el cual, entre otras cuestiones, se deberán fijar los criterios para ingresar en cada cuerpo».
Por último, Crespo lanza una última advertencia: «Esta ley se quedará en papel mojado si no se dota realmente de recursos humanos y materiales a las enseñanzas».
