La asociación denuncia que el Consejo Insular de Aguas prioriza la compra de pozos privados y la instalación de desaladoras, descuidando la extracción de agua pública y la reducción de pérdidas en las redes, incumpliendo así la Ley de Aguas
Los Llanos de Aridane.- La Asociación Agua para La Palma ha criticado la gestión del Consejo Insular de Aguas (CIALP) tras las recientes declaraciones de su gerente, Javier Peña. La asociación acusa al CIALP de falta de voluntad política y de conocimiento técnico, lo que perpetúa un elevado gasto público en agua cara y de mala calidad. A pesar del cambio de gobierno en el Cabildo, se sigue priorizando la instalación de desaladoras y la compra de pozos privados sin registrar, ignorando proyectos cruciales como la reperforación del Túnel de Trasvase y el entubado del Canal LP-1, que permitirían obtener más agua pública de calidad y reducir las pérdidas en la red.
Agua para La Palma denuncia la falta de transparencia en la compra de pozos no registrados y solicita información sobre los costos y la viabilidad técnica de estos pozos. Ante el anuncio del CIALP sobre la compra de dos pozos no registrados, la asociación exige que se conozcan los costos de adquisición y puesta en marcha, así como los informes de viabilidad técnica, económica y jurídica que justifican esta decisión, conforme a los principios de la Ley de Aguas. Además, la asociación advierte que ya hay un procedimiento judicial abierto respecto al convenio con el pozo del Roque y que podrían emprender acciones legales contra el nuevo grupo de gobierno del Cabildo para defender el interés de los palmeros.
La asociación recuerda que la boca de Aduares en el Túnel de Trasvase ha estado cerrada durante una cuarta parte del año, y la de Hermosilla solo abierta al 60% de su capacidad, lo que demuestra que abrir estas bocas ahorraría la necesidad de comprar pozos de baja calidad y caudal.
La asociación critica también la inversión en proyectos como la telemetría del canal Barlovento-Fuencaliente, que, si bien puede localizar pérdidas, no es suficiente sin el entubado completo del canal LP-1. Aseguran que la inversión necesaria para esta obra se amortizaría rápidamente con la reducción de pérdidas y el aumento de la capacidad de transporte de agua.
Finalmente, Agua para La Palma señala la inacción de los ayuntamientos y la Dirección General de Aguas, quienes priorizan soluciones costosas como las desaladoras en lugar de alternativas sostenibles y económicas que favorece la Ley de Aguas. La asociación enfatiza la necesidad de cambiar la planificación y gestión del agua en la isla para evitar una crisis futura y garantizar un suministro adecuado y sostenible.