El Gobierno consigue dar un paso más en la negociación con el Estado para la actualización de los costes tipo
Las Palmas de Gran Canaria.- El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio marítimo canario, Antonio Acosta, han reunido esta mañana a los colectivos afectados por la Ley de Costas para dar a conocer el informe jurídico encargado por la Consejería, para intentar dar solución a todos los núcleos costeros canarios que se está viendo afectados por la recuperación del dominio estatal del litoral.
En esta segunda sesión de la Comisión Mixta de esta legislatura, la Consejería ha dado a conocer el primer trabajo realizado por parte del profesor y catedrático Francisco Villar, a través de la Fundación Universitaria de La Laguna, en el que se refleja la necesidad de contar con un censo completo de todos los núcleos.
En este sentido, Antonio Acosta ha explicado que el informe jurídico pone el foco en la elaboración de un censo de los núcleos costeros, donde se establezca la situación de cada una de las viviendas para, posteriormente, analizar su contexto jurídico ante la Ley de Costas. Este documento establece diferentes vías para intentar resolver los problemas de cada una de las zonas, teniendo en cuenta los informes individualizados que se obtengan.
A partir de ahora, la Consejería iniciará los trabajos para completar el censo de núcleos costeros, que permita obtener una radiografía actualizada de la situación, cuantificando el número de personas y de viviendas que se ven afectadas actualmente por la Ley de Costas, para empezar a trabajar de forma conjunta.
El estudio del profesor Villar también destaca como positivo las fases jurídicas que se han ido sucediendo desde el inicio de esta legislatura, con la presentación del conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional y las sentencias, a favor de las autonomías, que se han conocido en los últimos meses.
Por su parte, Pablo Rodríguez ha destacado el compromiso del Gobierno de Canarias para salvaguardar los núcleos costeros canarios e ir analizando las diferentes situaciones jurídicas que se han ido sucediendo desde 2016 hasta hoy. “La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía nos confiere ahora otro marco legal para poder defender estas situaciones y, además, diferentes sentencias de los tribunales también han hecho que, poco a poco, hayamos ido dando pasos tendentes a la recuperación de estos núcleos tan importantes para el archipiélago”.
La primera reunión de la Comisión Mixta se celebró en noviembre del pasado año, con el objetivo de escuchar y analizar todas las reclamaciones de los colectivos para establecer las fórmulas correspondientes en cada caso. Además, también se adquirió el compromiso de elaborar un reglamento para regir la Comisión y regular las sucesivas convocatorias.
En la Comisión han participado representantes de la Fecam, con su presidenta Mari Brito; así como de la Fecai; Plataforma canaria de afectados por la Ley de Costas; plataforma ciudadana ‘El Yodo’; ‘Asociación vecinal Playgarza’ y la Asociación de vecinos de la Playa de Tufia.
El Gobierno consigue dar un paso más en la negociación con el Estado para la actualización de los costes tipo
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con la directora general de Transportes, María Fernández, ha trasladado que el Estado ha aceptado gran parte de las reivindicaciones del Ejecutivo y del sector en las islas para actualizar el sistema de compensación que financia el transporte marítimo y aéreo de mercancías a la realidad canaria, aunque aún quedan algunos aspectos que alcanzar para que se recoja la totalidad de las solicitudes realizadas por el archipiélago.
Rodríguez y Fernández han participado esta mañana, de forma telemática, junto con representantes del sector, en la Comisión Mixta con el Estado, donde la Dirección General de la Marina Mercante les ha dado a conocer el informe de la Abogacía del Estado, que valida la mayoría de los reclamos procedentes del Gobierno canario y del sector para que la metodología para calcular los costes tipo sea más fidedigna y ajustada al coste real que deben soportar las empresas canarias.
María Fernández ha señalado que “podemos decir con orgullo, pero no con plena satisfacción, que una gran mayoría de las cuestiones que se habían planteado han sido resueltas favorablemente, y con respaldo de la Abogacía del Estado. Todas aquellas cuestiones que todavía no se han podido implementar, las vamos a seguir luchando porque entendemos que con esas mejoras y modificaciones jurídicas podremos llegar alcanzar todos nuestros reclamos”.
La directora general de Transportes ha explicado que el Ministerio ha aceptado que el muestreo de referencia para obtener los costes tipo sea de los transportes que se realizan en Canarias y de las islas con el territorio peninsular y con Europa, evitando coger de referencia a transportes internacionales que no se realizaban siquiera con el archipiélago.
“Esto hacía que el coste tipo fuera totalmente irreal y, por tanto, las subvenciones que llegaban a las empresas canarias eran mucho menores de las que realmente les corresponde. Esta aceptación ya es una gran victoria”, ha indicado Fernández.
En este sentido, ha avanzado que otra parte muy importante se basa en incluir el coste de todos aquellos tratamientos anexos al transporte, para que se ajuste a la realidad de la actividad. “Hablamos de la manipulación en puertos, costes empresariales, las operaciones de camiones cisterna o de determinados elementos para transportar mercancías peligrosas. El Estado va a incluir esos sobrecostes a partir de ahora; sin embargo, ha dejado fuera los costes fitosanitarios o de aduanas, entre otros, que tanto el Gobierno de Canarias como las empresas seguimos entendiendo que son gastos que se tienen que compensar porque, si no, nunca vamos a estar en igualdad de condiciones que el resto del territorio peninsular”.
Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez ha concluido que seguirán manteniendo encuentros periódicos con el Estado para hacer seguimiento de los compromisos adquiridos en esta Comisión, y que estos sean efectivamente aplicados, así como que se incluyan el resto de reclamos para que las islas estén en igualdad de condiciones y que su situación de insularidad y lejanía no le perjudique. “Todos estos avances, que parecen muy lejanos, tienen un impacto directo en nuestra economía, en la generación de empleo, en la competitividad de nuestras empresas; en definitiva, en todos esos productos que nos encontramos en los lineales del supermercado. Hoy podemos decir que estamos más cerca de que el Estado cumpla con nuestro Régimen Económico y Fiscal y subvencione el 100% del coste real de mover mercancías en Canarias, y entre las islas y el territorio peninsular”.
